“Nada para nosotros, sin nosotros”: el llamado que hacen los sobrevivientes de minas antipersonal al Estado y a la sociedad.

El 4 de abril es el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal y líderes como Rodrigo Martínez de Sipí en el Chocó y Cristian Melo de Samaniego, Nariño, representan a miles de sobrevivientes que, a pesar de las dificultades, luchan por la correcta implementación de la ruta de atención integral a víctimas de MAP/MUSE y el acompañamiento en sus territorios. 

Según la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), programa de la Consejería de Paz del gobierno nacional. los departamentos con mayor número de víctimas son Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander y Caquetá, aunque se han presentado incidentes en casi todos los departamentos del país. Cristian Melo, representante legal de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Trampas Explosivas de la Región Abades (ASOV-ABADES), comenta que “lo que hace diferente o particular a nuestro departamento con cifras nacionales es que acá en Nariño, de las 1200 víctimas que mencionamos, un 70% son civiles los que han sido víctimas de este hecho”. 

Colombia figura entre los países con mayor número de afectados por minas antipersonal y la clasificación de las víctimas refleja la intensidad del conflicto armado: casi seis de cada diez corresponden a miembros de la fuerza pública, mientras que los cuatro restantes son civiles y el año más crítico hasta el momento ha sido el 2006 con un total de 1224 casos; sin embargo, esta problemática está lejos de desaparecer. Para el año 2025 la cifra ronda los 136 registros y en lo corrido del 2026 (hasta el 28 de febrero) hay 14 personas perjudicadas.

Pese a esta compleja situación, los sobrevivientes han encontrado en la organización colectiva una plataforma para construir espacios educativos y de atención junto a fundaciones, entidades gubernamentales y ONG en los sitios más afectados. Rodrigo Martínez, representante legal de la Asociación Colectivo Cimarronaje Chocó, cuenta que, como sobrevivientes han recibido capacitaciones de atención integral a las víctimas. “La idea es que nosotros mismos podamos orientar a nuestros hermanos sobrevivientes y poder hacer ese acompañamiento porque muchas veces los hechos victimizantes son nuevos en algunos municipios”, explica Martínez. Según la cifras del gobierno nacional, desde la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, a finales de 2016, cerca de 900 personas han sido víctimas de estos artefactos.

A estas estrategias se suman Iniciativas como Pasos Seguros, liderada por la Fundación Barco, que utiliza distintas herramientas pedagógicas como videojuegos y la miniserie animada Lalo y Lulú, entre otras más, que permiten llegar a miles de niños, niñas y jóvenes. Alfonso Otoya, director de la Fundación Barco aseguró que “la educación en el riesgo sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger a las comunidades en el corto plazo, mientras avanzamos hacia soluciones estructurales”. 

El Estado tiene grandes desafíos que tratar frente a este flagelo como la expansión de distintos grupos armados en varios departamentos, la falta de centros médicos equipados para brindar la atención necesaria de forma eficaz, las dificultades para determinar dónde se encuentra con exactitud la contaminación, la recontaminación de territorios previamente declarados libres de sospecha de minas antipersonales, el acceso a prótesis de calidad, entre otros.

 “Nosotros consideramos que hoy a través de la ley 1448,  la 2421 y el protocolo de participación consideramos que ha habido un avance, pero realmente lo que necesitamos es que esa norma sea aplicada realmente y que en algunos territorios existan unos enfoques diferenciales”, explica Martínez.

De igual forma, Melo asegura que otro reto importante es que “no hay una representación del hecho victimizante de minas o el tema de la discapacidad que yo siempre lo he manifestado, sería muy importante para comprender el tema de la discapacidad y poderle aportar a las mesas de negociación”.

Desde distintas orillas de la sociedad colombiana se debe apostar por contribuir a la educación en el riesgo de minas y la inclusión real de los sobrevivientes. Ellos han adquirido conocimiento esencial para la prevención de estos casos. Sin embargo, se enfrentan a la poca participación en escenarios debido a la escasa articulación entre las organizaciones y entidades gubernamentales.

Actualizado el: Sáb, 04/04/2026 - 18:16