Del Naya a Kitek Kiwe: 25 años después de la masacre

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, asesinaron a campesinos y campesinas, a quienes acusaban de colaborar con la guerrilla. Aunque la comunidad habla de más de cien víctimas, hasta hoy solo se han encontrado 27 cuerpos. Según reportes de Medicina Legal, muchos presentaban signos de tortura y heridas con arma cortopunzante. Fue uno de los episodios más violentos de esa época y un hecho que marcó para siempre la vida de Lisinia Collazos.

Rutas del Conflicto habló con ella por primera vez en 2015. Ahora vuelve a contar su historia. Collazos pertenece al pueblo indígena Nasa, que junto con comunidades de campesinos afrocolombianos conformaba la base social del territorio.

Ha vivido toda su vida en la entrada del Naya. Las oportunidades para ganarse la vida en la región eran limitadas, por lo que desde los diez años comenzó a ir al territorio a lavar oro y a recoger hoja de coca. Más adelante, abrió un restaurante junto a su esposo. Recuerda la vida antes de la masacre como tranquila: “Uno dormía con la puerta abierta, nadie le robaba nada. Se cuidaba del uno al otro”.

Sin embargo, la presencia de grupos armados ya era una realidad desde antes de 2001. El antropólogo y activista Efraín Jaramillo lo explica así: “Se volvió una región donde la economía era la coca. Un sitio estratégico también para actores armados porque, aunque era aislado, tenía acceso al Pacífico. Por ahí entraban armas y salía la droga.”

Jaramillo llegó al Naya poco después de la masacre, en colaboración con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para entender lo que había ocurrido. Recuerda que las tensiones venían desde años atrás, en medio de enfrentamientos entre las FARC, el ELN y grupos paramilitares. En ese contexto, señala que el ELN mantuvo personas secuestradas en la región, lo que contribuyó a la escalada de violencia.

Collazos también recuerda señales previas. Cuenta que en 1999 el Ejército llegó al Naya preguntando por nombres de supuestos colaboradores de la guerrilla. Cuando ella respondió que no conocía a esas personas, recibió una advertencia: “Ah, sí, no nos quieren avisar, ¿no? Pero van a venir otros que esos sí los van a hacer cantar.” Para ella, esas palabras cobraron sentido tiempo después.

Aun con esas tensiones, Collazos no imaginó una violencia de esa magnitud. Un nivel de brutalidad que transformó para siempre la región y que, ese día, le arrebató a su esposo, asesinado por los paramilitares. Para ella, es uno de los recuerdos más dolorosos: “Lo más difícil fue haber perdido a la familia, a los primos, a los amigos, porque la gran parte de los que murieron los conocíamos.”

Dos meses después, huyó del Naya junto a sus dos hijos. Como ella, miles de personas se vieron obligadas a abandonar el territorio. Según la Unidad para las Víctimas, tras la masacre fueron desplazadas 7.145 personas de la región.

Inicialmente, Collazos llegó con sus hijos a Santander de Quilichao, donde convivió con otras 17 personas desplazadas bajo el mismo techo. Más tarde, se asentaron durante tres años en un resguardo indígena en Caloto. Sin embargo, Collazos nunca quiso renunciar a su territorio. Un año después de la masacre, decidió regresar al Naya. “Volví, pero ya no era lo mismo. Se veía solo el territorio, no había nadie… las casas estaban solas”, recuerda.

Fue solo en 2004 cuando llegó a un lugar donde podría quedarse a largo plazo: el resguardo Kitek Kiwe, en Timbío, Cauca, donde Collazos vive hasta hoy. Allí viven 142 familias, entre ellas varias del pueblo Nasa que también huyeron del Naya tras la masacre. Pero, aunque hizo de Kitek Kiwe su nuevo hogar, sabe que no es lo mismo. “El agua, las montañas, eso nunca lo vamos a tener acá. Eso nunca va a ser recuperado”, cuenta.

Para Collazos, aún hay varias cosas que se podrían mejorar en el resguardo. La ayuda del Estado, dice, no ha sido suficiente y muchos procesos de reparación siguen incompletos. Uno de ellos es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que la comunidad lleva años esperando.

Más allá de un perdón público, insiste en reparaciones que realmente mejoren las condiciones de vida en el territorio: una institución educativa adecuada, espacios comunitarios y, especialmente, una casa para las mujeres. “Nunca tuvimos una ayuda psicoemocional”, dice. Un lugar así permitiría a muchas compartir lo vivido y empezar a sanar, porque, aunque algunas han logrado sobrellevarlo, otras siguen cargando con el peso de lo ocurrido.

A pesar de esto, desde la última vez que Rutas del Conflicto habló con ella en 2015, algunas cosas han mejorado, en gran parte gracias a la organización de la comunidad. En ese entonces, contaba que no había ni un sistema de distribución de agua ni electricidad.

Con el tiempo lograron llevar energía al resguardo, tienen un acueducto propio y establecieron un sistema de distribución que le permite contar con agua corriente en su casa dos días a la semana.

Como muchas otras personas desplazadas, Collazos hizo de Kitek Kiwe su territorio, aunque no por decisión propia. Su misión es clara: “Hoy en día estamos echando raíces en este nuevo territorio, tratando de que a nuestros niños no les falte nada y que no les suceda lo que a nosotros nos pasó.”

Una parte fundamental de ese proceso es la memoria, pero no desde el resentimiento. “Que no olviden la memoria y la historia, pero tampoco llenarlos de odio, porque ya no valdría la pena”, explica. Para ella, se trata de un equilibrio: contar lo que pasó, sin dañar a quienes no lo vivieron.

En Kitek Kiwe, esa memoria se ha transformado en “una pedagogía de la resistencia”, como lo llama Collazos. Lo que antes eran relatos de quienes sobrevivieron, hoy también lo cuentan los niños en la escuela, a través de carteleras, recorridos y ejercicios colectivos. 

Cada año en abril, la comunidad realiza un ritual de memoria que nació a partir de la masacre del Naya, pero que hoy abarca una historia más amplia: una línea de tiempo que recorre no solo la violencia reciente, sino también otros momentos clave del territorio, tanto dolorosos como esperanzadores. 

El ritual comienza con cantos de resistencia y símbolos propios, incluso el himno nacional se entona en lengua indígena. Luego, la comunidad recorre el territorio en varias estaciones, hasta llegar al jardín de la memoria, donde hay piedras con los nombres de las víctimas. Es un espacio para recordar, pero también para resignificar lo vivido y mantener viva una memoria que no se queda únicamente en el dolor.

Hoy, la situación en el Naya es frágil. A la presencia del ELN y disidencias de las FARC, se sumó la llegada en los últimos años de grupos armados como el Clan del Golfo, y otras bandas criminales vinculadas al narcotráfico que disputan el control del territorio. En septiembre de 2024, una masacre dejó 12 personas asesinadas en la zona. Efraín Jaramillo advierte que la región recibe poca atención a nivel nacional. 

Para él, recordar también implica no perder de vista lo que sigue ocurriendo en el territorio. “Mientras recuerden, eso todavía sigue vivo”, concluye.

Actualizado el: Vie, 04/10/2026 - 11:48