¿Qué hay detrás de la ‘absolución’ a Drummond?

Entre el 19 y el 20 de enero de 2026, al menos cinco medios de comunicación nacionales (Caracol Radio, Infobae, Cambio, La FM y Valora Analitik) difundieron noticias en las que señalaban que la carbonera Drummond había sido “absuelta” o “exonerada” en un tribunal de los Estados Unidos de acusaciones por presuntos nexos con el paramilitarismo. Rutas del Conflicto encontró que en enero de 2026 la multinacional sí ganó un caso en primera instancia contra el abogado Terrance Collingsworth, pero por difamación y otras infracciones relacionadas al soborno y manipulación de testigos.

Pantallazo de la noticia publicada por Caracol Radio.

Las publicaciones de los medios de comunicación con esta noticia provocaron la reacción en redes sociales de políticos como la del electo senador Rafael Nieto Loaiza (quien para la época era candidato) del Centro Democrático, que aprovechó la información para señalar que “falsos testigos han sido usados una y otra vez por extremistas de izquierda, aquí y en EE.UU., para incriminar falsamente a personas y compañías” (https://x.com/RafaNietoLoaiza/status/2013618163867430964 ). 

Pantallazo del post de Rafael Nieto

En más de 20 años de procesos judiciales en Estados Unidos, la multinacional ha ganado varios casos relacionados a estos señalamientos, pero según expertos consultados por Rutas del Conflicto, aún podría enfrentar apelaciones pendientes de estos procesos. En Colombia, el actual presidente de la compañía, José Miguel Linares y el expresidente, Augusto Jiménez, afrontan un juicio en el que la Fiscalía los acusa de concierto para delinquir agravado por la presunta financiación del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC.

La información que circuló en medios de comunicación en enero de 2026 estaba relacionada a una decisión de un jurado del Tribunal Federal para el Distrito de Alabama a favor de Drummond y en contra del abogado Terrance Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) en un caso de difamación y otras infracciones mencionadas anteriormente. El jurado encontró responsable a Collingsworth, no solo de presentar declaraciones difamatorias, sino de manipular y sobornar testigos como los paramilitares desmovilizados Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias "El Tigre", Jairo de Jesus Charris, alias ‘Viejo Miguel’ y el excontratista de la minera Jaime Blanco Maya, para que entregaran información que vinculara a la multinacional con las AUC.

El jurado concluyó que el abogado Collingsworth actuó en complicidad con otros implicados para realizar dichos sobornos, por lo cual también lo encontró responsable bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta es una ley federal promulgada en 1970 que permite a la justicia estadounidense perseguir grupos organizados que dirigen negocios ilegales o participan en ciertos delitos, directa o indirectamente. 

Expertos consultados por Rutas del Conflicto opinaron que esta decisión del jurado se limita a señalar que Collingsworth es responsable por difamar a la empresa y a los otras infracciones mencionadas, pero en ningún caso representa una absolución total en otros procesos en Estados Unidos y en Colombia en los que se acusa a la minera y a sus directivos de haber tenido vínculos con los paramilitares.

La decisión del jurado se da en el marco civil de la justicia de los Estados Unidos, por lo que no implica efectos penales, pero sí el pago de una indemnización a la multinacional por 256 millones de dólares, una cifra cercana al billón de pesos colombianos. La decisión se da en primera instancia, por lo que los señalados responsables aún podían apelar dentro de los límites de tiempo que establece la ley.

Terrance Collingsworth ha representado a víctimas del paramilitarismo en procesos en los Estados Unidos contra empresas señaladas de financiar estos grupos en Colombia, como Drummond o la bananera Chiquita Brands. Este abogado fue uno de los que lideró el caso que llevó a que esta última empresa fuese hallada responsable en 2024 por un jurado del Tribunal del Distrito Sur de la Florida de financiar con más de 1.7 millones de dólares a las AUC y obligada a indemnizar a 16 víctimas.

En los procesos interpuestos en Estados Unidos contra Drummond, Collingsworth ha presentado como pruebas los testimonios del excontratista Blanco Maya, quien era dueño de Industrial de Servicios y Alimentación (ISA), una empresa de alimentos que le suministraba a Drummond la comida para empleados de las minas en el departamento del Cesar. Tanto el contratista, como el exjefe de seguridad de ISA y exparamilitar, Jairo de Jesus Charris, han señalado que el empresario y expresidente de la carbonera Garry Drummond presuntamente ordenó el asesinato de sindicalistas que lideraban protestas por la mala alimentación que recibian (Ver testimonios en informe de la Comisión de la Verdad).

Drummond demandó a Collingsworth en octubre de 2011 por difamación y 15 años después, el jurado de Alabama determinó que el abogado no pudo probar los señalamientos que hizo a la carbonera y que sobornó a los testigos, por lo que lo declaró responsable por esos hechos. Collingsworth señaló durante el proceso que los pagos que hizo a los testigos eran para garantizar su seguridad, pero su versión no fue creída por el jurado. El abogado le dijo a Rutas del Conflicto que apelará la decisión. “El juicio penal contra los ejecutivos de Drummond por financiar crímenes de lesa humanidad de las AUC continúa en Colombia. La Corte de Alabama se negó a permitir que el jurado que me declaró responsable, tuviera conocimiento del proceso en Colombia, un claro error que justificará la anulación de ese fallo”, dijo Collingsworth.

La abogada estadounidense Josephine Herman, graduada en Harvard y experta en casos de difamación vinculados con la primera enmienda (relacionada con la libertad de expresión), le explicó a Rutas del Conflicto que  este proceso es de carácter civil y por lo tanto no es posible hablar de “absoluciones” o “exoneraciones” de la multinacional, ya que lo que estaba en juego era exclusivamente determinar si el abogado Collingsworth era responsable por difamar a la empresa. “Lo que decidió el jurado era si lo que había dicho el abogado era verdad o no. Lo otro es que en estos casos civiles no se habla de inocencia o culpabilidad, sino de si alguien es responsable o no responsable”, explica Herman.

La jurista agrega que en estos caso de difamación, lo que el jurado evalúa puntualmente es si el abogado tenía suficiente evidencia para mostrar que lo que había dicho era verdad y parece que en este caso no logró demostrarlo. “Particularmente, por este proceso, cuando dicen que son inocentes, yo diría que eso no es una conclusión legal, sino más una estrategia de relaciones públicas”, dice la abogada, haciendo referencia a las palabras usadas en el cubrimiento por parte de un sector de la prensa colombiana de esta noticia.

Rutas del Conflicto contactó a Drummond para consultar por el caso con un cuestionario y la minera respondió que, aunque el caso contra Collingsworth estaba relacionado a una acusación por difamación, sí se puede hablar de una “exoneración o absolución de fondo". La compañía señaló que todos los procesos interpuestos por el abogado en los que se señalaba a la compañía de tener vínculos con las AUC “fueron cerrados de manera favorable para las empresas de Drummond y demás directivos demandados”.

Drummond ha ganado la mayoría de los casos interpuestos en Estados Unidos por Collingsworth en diferentes instancias, pues los tribunales no han encontrado pruebas suficientes de que la compañía haya tenido vínculos con el paramilitarismo (ver ejemplo de decisión de 2015).

Consultado por Rutas del Conflicto, Collingsworth contradijo a la empresa, señalando que aún quedarían instancias por agotar en al menos un  pleito que lidera contra la compañía. El abogado mencionó que aún está vigente un caso contra los bienes de Garry Drummond, que fue el presidente y dueño de la minera hasta su muerte en 2016. Collingsworth explicó que dicho proceso está relacionado a otro, conocido como MELO et al vs Drummond Company Inc., que tiene ese nombre por Domingo Melo Rangel, una víctima del paramilitarismo desaparecida en el Cesar en 1997.

“En 2019 un juez desestimó todas las reclamaciones contra la empresa, pero permitió que solo siguiera el caso contra los bienes de Garry Drummond(hecho que Rutas del Conflicto confirmó con la minera ). Esto impidió una apelación inmediata de esa desestimación de nuestras demandas. Como no hubo una desestimación general,  no podemos apelar hasta que concluya el caso contra los bienes de Garry Drummond, pero cuando esto ocurra, lo haremos. Este caso está lejos de terminar”, dijo Collingsworth.

Drummond le dijo a Rutas del Conflicto en la respuesta al cuestionario que se le envió, que el proceso contra Garry Drummond se encuentra suspendido mientras se resuelven los casos iniciados por las demandas de la compañía contra Terrence Collingsworth por actos de difamación y violaciones a la ley RICO. Este caso se resolvió en primera instancia por el jurado de Alabama, pero quedaría pendiente una posible apelación del abogado.

Cualquier escenario futuro de estos casos dependerá de las decisiones pendientes que deben tomar los jueces en los Estados Unidos.

La demanda por difamación no absuelve a Drummond, pero sí tiene consecuencias

La empresa insiste en que la decisión del jurado de la Corte de Alabama sí resulta importante para desestimar los señalamientos que han hecho testigos como el excontratista Blanco Maya en la justicia de Estados Unidos. “Estos veredictos recientes confirman ello, porque acreditan que esos testigos que manifestaron lo contrario, lo hicieron porque recibieron dinero de Collingsworth y su equipo para que declarara contra Drummond”, señaló la multinacional minera a Rutas del Conflicto en el documento escrito como respuesta al cuestionario enviado por el medio.

Para la abogada Herman, es posible que el hecho de que se haya desestimado la evidencia presentada por el abogado Collingsworth pueda afectar otros procesos judiciales en los que también esa información sea presentada como evidencia en los Estados Unidos. “Es posible, inclusive, que la decisión de encontrar al abogado responsable por la difamación pueda afectar otros casos en los que esté involucrado”, señaló Herman.

Precisamente, abogados de la bananera Chiquita Brand han usado esta decisión dentro del proceso de apelación contra la sentencia de 2024 que encontró a esta empresa como responsable de financiar grupos paramilitares. Rutas del Conflicto accedió a un documento de enero de 2026 en el que el abogado Michael Cioffi en representación de Chiquita Brands International, Inc notifica a una corte de apelaciones de los Estados Unidos, el fallo en contra de Collingsworth.

En el documento, Cioffi señala que durante el juicio contra Chiquita, la bananera presentó pruebas (que fueron desestimadas en su momento) de que el abogado representante de las víctimas había actuado bajo el mismo patrón señalado en la decisión del jurado del tribunal de Alabama. “La evidencia demuestra que Collingsworth conspiró con los mismos intermediarios (..) para pagar e influir en los testigos colombianos (...) cuyas ‘confesiones’ en los procesos judiciales colombianos se presentaron contra Chiquita”, dice el abogado en el documento.

Inclusive la decisión tomada en el caso de difamación también ha sido usada por abogados de Drummond para insistir ante la opinión pública, que la justicia colombiana debería tenerla  en cuenta en los procesos que vinculan a sus funcionarios en Colombia. En una entrevista realizada por el medio La FM el 26 de enero de 2026, la abogada Paula Cadavid, representante de Drummond dijo que la justicia colombiana debería considerar esta decisión del jurado de Alabama dentro de los procesos que lleva contra funcionarios de la empresa. 

“Ahora, lo que debe venir desde la perspectiva colombiana es que las autoridades en Colombia valoren las evidencias (...) que acreditan esto mismo, que los testigos fueron comprados, que cambiaron sus versiones, que fueron contradictorios, que no son creíbles y que, a raíz de una valoración adecuada de la prueba, lleguen a conclusiones que coincidan con aquello que ya los jueces y los jurados en Estados Unidos en múltiples decisiones han encontrado y es que Drummond no financió a la AUC“, dijo Cadavid.

Los procesos en Colombia contra los directivos de Drummond

Desde hace cerca de 20 años, dentro del proceso de Justicia y Paz y en varios casos de justicia ordinaria, al menos seis paramilitares desmovilizados han entregado testimonios que señalan a la minera de financiar frentes del Bloque Norte de las AUC en el sur del departamento del Cesar. A los mencionados anteriormente (‘Samario’, ‘El Tigre’ y ‘Viejo Miguel’), se suman los nombres de José del Carmen Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, José Aristides Peinado, alias ‘Peinado’ y de uno de los máximo jefes de las AUC, Salvatore Mancuso.

Estos testimonios han sido recogidos en documentos de organizaciones sociales y de entidades públicas que buscan aportar a la reconstrucción de memoria del conflicto, como el informe El lado oscuro del carbón de la ONG holandesa Pax Christi publicado en 2014. También lo hizo ña Comisión de la Verdad, en su informe Parcelaciones del Cesar: tierras campesinas tiznadas por el conflicto, en el que describe los hechos que rodearon el asesinato en 2001 de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, una organización sindical que reune trabajadores de la Drummond.

Pantallazo del comunicado de Sintramienergética recordando los 25 años del asesinato de sus compañeros

“Los asesinan porque Jaime Blanco Maya[,] que hace parte de la operación paramilitar, es el contratista de la Drummond para hacer la comida (...) comienza a venderle comida podrida a los trabajadores. (...) Entonces, cuando hacían la comida en el pueblo y la trasladaban a la mina sin refrigerarla, pues obviamente eso llegaba descompuesto. Entonces los trabajadores comenzaron a protestar por eso. Y Blanco Maya básicamente con el señor Garry Drummond, determinan que hay [que] asesinar a estos dirigentes”, dice el informe de la Comisión en las páginas 66 y 67, refiriéndose al testimonio de un testigo del caso sin mencionar su nombre.

En marzo de 2026 la W Radio reveló que Salvatore Mancuso declaró ante la Fiscalía señalando que fue la empresa Drummond la que ordenó el asesinato de estos sindicalistas.

Por estos hechos Blanco Maya y ‘Viejo Miguel’ fueron condenados en la justicia ordinaria. A partir de todos estos testimonios, la Fiscalía llevó a juicio al actual presidente de Drummond en Colombia, José Miguel Linares y el expresidente, Augusto Jiménez. A abril de 2026 el juicio lleva nueve meses suspendido a la espera de una apelación solicitada por los abogados de los empresarios. “La defensa de estos dos directivos pidió cuatro nulidades contra todo el proceso que fueron resueltas desfavorablemente para ellos por la jueza especializada que lleva el caso. Entonces ellos presentaron una apelación, por lo que la jueza suspendió el proceso hasta que se resuelva esa situación”, explicó Oscar Giovanny Ramírez, director de litigios de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización que apoya judicialmente a víctimas del conflicto en Colombia y que representa a Sintramienergética en este proceso.

Juan Carlos Rojas, líder de Sintramienergética le dijo a Rutas del Conflicto que desde la organización sindical reconocen que la justicia ha avanzado con algunas condenas, aún falta mucha verdad en este caso para conocer todos los responsables de los asesinatos de cuatro de sus compañeros, ya que además de Rodríguez y Orcasita, los trabajadores Gustavo Soler y Cándido Méndez también fueron víctimas del paramilitarismo. “Realmente queremos una verdad absoluta, que no nos sigan estigmatizando. Sabemos que condenaron a Blanco Maya, pero él dice que los responsables fueron los de Drummond y ahí estamos un poco a la espera porque el proceso del presidente y el expresidente de la empresa no avanza”, dice Rojas.

Este sindicato también está acreditado como víctima en el caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estudia crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en la que fueron aceptados Jaime Blanco Maya desde 2019 y Jairo de Jesus Charris desde 2023. En esa jurisdicción los dos han mantenido sus señalamientos a la multinacional en los que han descrito varias reuniones con el entonces jefe de seguridad de Drummond, el exdetective de la CIA, James Atkins.

Imagen de la audiencia en la JEP de Blanco Maya. Foto: JEP.

Vale la pena recordar que la JEP no tiene la potestad de investigar o juzgar a terceros civiles, a no ser que ellos mismos se postulen voluntariamente a esta jurisdicción de justicia transicional, por lo que no podría vincular a algún proceso a directivos de la empresa si ellos no se presentan por su propia cuenta.

En 2024, en un comunicado de prensa,Drummond rechazó la decisión de la JEP, de aceptar a Blanco Maya y Charris e insistió en señalar que eran testigos que habían recibido dinero del abogado Collingsworth.

Daniel Marin, abogado y politólogo que trabajó en la Comisión de la Verdad como asesor experto sobre dinámicas económicas del conflicto armado señala que todo el trabajo judicial y de reconstrucción de verdad que se ha hecho en Colombia tiene un alcance mucho mayor a los procesos que se han llevado a cabo en la justicia estadounidense. Marín explica que ni la Fiscalía General de la Nación ni la JEP deberían tomar como verdad los fallos que ha tomado la justicia en Estados Unidos como la decisión del jurado de Alabama. “Las instituciones judiciales aquí, las instituciones investigativas en el país han elaborado un acervo probatorio para tomar decisiones tan trascendentales como acusar al presidente de Drummond en Colombia, por ejemplo”, dice el experto.

La abogada experta en derechos humanos Tatiana Devia, que ha acompañado en Estados Unidos varias demandas de víctimas del conflicto en Colombia coincide con Marín y agrega que, al contrario de lo que dice la abogada de Drummond, son los tribunales norteamericanos los que deberían tener en cuenta toda la evidencia que se ha recogido en los procesos que lleva la justicia colombiana. “En el caso de difamación, el jurado no tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios ni los documentos que se tienen tanto en la justicia ordinaria como en la JEP. El jurado nunca supo que hay procesos activos contra los ejecutivos de la empresa ni lo que ha dicho Blanco Maya en la justicia transicional porque el juez no lo permitió”, señala la abogada.

Fabián León, director para Colombia de la ONG internacional Centro de Empresas y Derechos Humanos, señala que “El caso Drummond muestra las dificultades, no solo de acceso a las víctimas a tribunales de otros países, sino los problemas de colaboración o intercambio de información que deberían tener las distintas jurisdicciones cuando se trata de casos de derechos humanos”. En ese sentido, explica León, para impartir justicia en los casos en los que están involucradas empresas multinacionales, la jurisdicción extraterritorial se convierte en una barrera de acceso a la justicia, ante la falta de colaboración entre los Estados, que se resisten a regular las actividades de sus empresas fuera de su jurisdicción.

¿La prensa fue parlante de la empresa?

Además de las discusiones legales, es evidente el impacto que tuvo la información relacionada con la decisión del jurado de Alabama en enero de 2026 en medios de comunicación en Colombia. Rutas del Conflicto le hizo seguimiento al cubrimiento de esta noticia, que surgió de un comunicado de prensa de Drummond en el que entregaba detalles del caso de difamación que ganó la multinacional.

Rutas del Conflicto encontró que 15 medios de comunicación nacionales y regionales recogieron información del comunicado de prensa para publicar noticias entre el 19 y el 20 de enero. Como se explicó inicialmente, cinco de los medios en los que se señaló que la decisión del jurado en Estados Unidos había absuelto o exonerado a la empresa o descartado las acusaciones de paramilitarismo. Estos titulares, como se ha señalado en gran parte de esta investigación, resultan falsas si se remiten exclusivamente a la decisión vinculada al caso de difamación de enero de 2026.

En el análisis de medios también quedó en evidencia que de los 15 medios solamente cuatro publicaron información sobre los procesos judiciales que vinculan a la empresa en Colombia. Los 11 restantes publicaron exclusivamente información que provenía del comunicado de prensa de la empresa, sin ningún tipo de contrastación o contexto sobre las acusaciones a la compañía en el país. Ninguno de los 15 entrevistó a las víctimas que reclaman justicia en Colombia.

Casi la totalidad del cubrimiento revisado para esta investigación se limitó a notas cortas en portales web, con excepción de la emisión La FM (antes RCN Radio), en la que el equipo de noticias de la mañana, encabezado por el director Juan Lozano, hizo una entrevista a la abogada de Drummond Paula Cadavid. Durante los siete minutos que duró la entrevista, ninguno de los periodistas de la mesa de trabajo controvirtió a la invitada ni aportó contexto sobre las acusaciones que enfrentan los directivos de la compañía en Colombia.

Pantallazo de la entrevista de la abogada de Drummond en La FM

El profesor Germán Ortiz, que lleva más de dos décadas trabajando en temas vinculados a la ética periodística, señala que este caso muestra el conflicto moral y ético entre el cubrimiento de la actualidad inmediata y el compromiso con la verdad histórica en un tema tan delicado. “El reportero no debería solo contar lo que pasa hoy, sino proporcionar contexto. Cuando los medios se limitan a la superficie de la última noticia, corren el riesgo de participar en lo que se ha llamado el "olvido institucionalizado" y eso lo aprovechan muy bien los estrategas de relaciones públicas de empresas involucradas en escándalos”, explica Ortiz.

El docente agrega que las condiciones en las que se hace periodismo, especialmente en redacciones de medios tradicionales de breaking news (noticias de última hora) en las que se hacen decenas de publicaciones al día sin mucho control editorial son un espacio ideal para que se “cuelen” este tipo de informaciones. “Por exceso de trabajo y poco tiempo, la práctica de los medios de comunicación de publicar comunicados de prensa casi textualmente, sin contrastar ni añadir contexto, simplemente para llenar el vacío de información constante que exige la web se ha vuelto común”, señala Ortiz.

Juan Pablo Madrid-Malo, coordinador del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), coincide con Ortiz y señala que las empresas multinacionales tienen un repertorio de acciones que activan en determinados momentos para generar golpes de opinión y poder influir en temas vinculados con su imagen. 

Madrid-Malo explica, además, que existe un desequilibrio de fuerzas entre organizaciones de víctimas y grandes compañías como Drummond que tienen toda la capacidad para hacer una campaña de comunicación por las relaciones que tiene con periodistas  o inclusive con empresarios vinculados a medios. “Mientras tanto las comunidades, las organizaciones sociales no tienen ese mismo músculo corporativo, social o cultural, y eso hace que sea mucho más fácil que su posición sea invisibilizada”, explica el experto.

Por ahora las víctimas siguen atentas a que se agoten las instancias en la justicia estadounidense y se defina el caso judicial en Colombia contra los directivos de la empresa. Como dijo Juan Carlos Rojas, líder del sindicato que fue víctima de la violencia que está en el centro de esta discusión: “Falta mucho camino para llegar a la verdad plena. Solo cuando todo el mundo sepa lo que pasó podríamos creer que esto no se vaya a volver a repetir”.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia

*La revisión jurídica de este texto para su publicación estuvo a cargo de El Veinte

Actualizado el: Jue, 04/16/2026 - 07:00