El proyecto de carbono que negó información a sus beneficiarios indígenas hasta que un juez dio la orden de entregarla
Dos líderes indígenas del resguardo de Carrizal intentaron durante ocho meses obtener información detallada sobre un proyecto de créditos de carbono en su territorio en la Amazonia colombiana. El desarrollador, la Corporación Masbosques, solo les respondió después de que un juez se lo ordenó. La Corte Constitucional, que ya había determinado que Masbosques vulneró los derechos de otra comunidad indígena en un proyecto similar, seleccionó el caso por lo novedoso y podría sentar precedente sobre cómo debe funcionar el acceso a información en el mercado de carbono.
Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)
Durante ocho meses, dos líderes indígenas de la Amazonia colombiana buscaron infructuosamente información sobre un proyecto de carbono hecho en su territorio.
Eliberto Lara Lara y Samuel Lara Bautista, ambos indígenas puinave, habían sido elegidos como cabildo gobernador y capitán del resguardo de Carrizal, a orillas del río Guaviare en el oriente del Guainía, a mediados de diciembre de 2024.
Crédito: Miguel Méndez / CLIP
A ambos les preocupaba que el proyecto de créditos de carbono activo en su territorio colectivo desde hacía dos años no había sido claro sobre los recursos que les correspondían por evitar la tala de la selva amazónica. Este tipo de proyectos, llamados Redd+, enlazan a comunidades que conservan ecosistemas estratégicos para frenar la crisis climática global con empresas que pagan por usar esos resultados ambientales para reducir su propia huella de carbono. Cada bono o crédito equivale a una tonelada de CO2 que no llega a la atmósfera.
Enviaron dos derechos de petición a la Corporación Masbosques pidiendo, como habitantes y autoridades del resguardo, un reporte detallado sobre las ventas de créditos hechas por el proyecto Awakadaa Matsiadali que ésta estructuró, el esquema financiero y la ejecución de los recursos que correspondía al resguardo de ellos.
Masbosques, una ONG antioqueña que cuenta entre sus socios a diez entidades públicas y ha desarrollado nueve proyectos de carbono, incluyendo varios en la Amazonia, les pidió acreditar que eran autoridades del resguardo para responderles. Esto pese a que cualquier integrante de la comunidad tiene derecho a conocer la información del proyecto, según las salvaguardas sociales y ambientales obligatorias para este tipo de iniciativas ambientales. Aun así, los dos líderes indígenas les enviaron las actas del Ministerio del Interior y la alcaldía de Inírida reconociendo su designación. Masbosques cuestionó su validez y no les respondió de fondo.
Por este motivo, en octubre de 2025, los dos Lara -que son tío y sobrino- presentaron una acción judicial solicitando la protección de sus derechos a la petición, el acceso a información ambiental y la igualdad. Un juez de primera instancia les dio la razón.
Dibujo del resguardo de Carrizal, ubicado a orillas del río Guaviare, incluido en su plan de vida.
Solamente después de este fallo judicial adverso que determinó que había violado los derechos fundamentales de la comunidad indígena, Masbosques respondió de forma detallada en noviembre de 2025. Al mismo tiempo, impugnó el fallo que, sin embargo, fue ratificado en segunda instancia. Independientemente de la respuesta detallada pero tardía, Eliberto y Samuel Lara decidieron pedir a la Corte Constitucional que examine su caso y fije reglas claras sobre cómo y cuán completo debe ser el acceso a información en proyectos de carbono.
Por su novedad, el máximo tribunal constitucional del país lo seleccionó en abril de 2026, así como otro caso sobre dos consejos comunitarios afrocolombianos cuyos territorios fueron incluidos en un proyecto privado, que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Rutas del Conflicto y Mongabay Latam investigaron en 2025. En los próximos meses deberían salir las sentencias sobre ambos.
Curiosamente, Masbosques ya fue contraparte en la única sentencia de la Corte Constitucional hasta la fecha sobre el mercado voluntario de carbono. En julio de 2024, la Corte falló en contra de esa ong por un proyecto de carbono en Vaupés que no fue debidamente consultado con los indígenas del Pirá Paraná, también investigado por los mismos medios en su momento. La Corte le cuestionó a Masbosques “no actuar con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que el proyecto Redd+ genera sobre la población indígena”.
Más allá del conflicto interno en Carrizal, el caso abre preguntas importantes sobre el acceso a información en un mercado de carbono cuya reputación ha sido manchada por múltiples casos de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas o afrocolombianas que los albergan. ¿Deben los responsables de los proyectos de este tipo brindar información y rendir cuentas únicamente a las autoridades de las comunidades étnicas beneficiarias? ¿Tienen también derecho los habitantes de esas comunidades beneficiarias a pedirla, como plantea el acuerdo regional de Escazú? ¿Y tienen los desarrolladores privados el deber de responderles? ¿La falta de acceso a información -documentada también en proyectos en Cumbal o Cotuhé Putumayo- impide que se cumplan otros derechos, como el del consentimiento previo, libre e informado o el de la participación efectiva?
También cobra importancia en momentos en que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella echó para atrás una regulación expedida tardíamente por el de su antecesor Gustavo Petro y debe decidir si la va a reemplazar. El ministro de Ambiente Fabio Arjona, un biólogo marino con tres décadas de experiencia en el sector ambiental y que hasta hace tres meses dirigió una ong internacional que lidera un proyecto de carbono en los manglares del Golfo de Morrosquillo, describió la norma de Petro como “catastrófica” para el mercado de carbono. Pero aún no ha dicho cómo fortalecerá las reglas para proteger a las comunidades de violaciones a sus derechos como las que el CLIP, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam han documentado en Colombia desde hace cuatro años en las investigaciones periodísticas transfronterizas regionales Carbono Opaco y Carbono Gris.
Un proyecto de carbono en la “selva buena”
Carrizal es un resguardo de 9908 hectáreas a orillas del río Guaviare, unas dos horas aguas arriba de la Estrella Fluvial de Inírida que da origen al poderoso Orinoco y donde está la capital departamental Inírida. Allí viven unos 160 indígenas puinave y sikuani.
Es uno de los ocho resguardos indígenas que integran el proyecto Awakadaa Matsiadali, que abarca más de 500 mil hectáreas de bosque húmedo tropical y cuyo nombre significa “selva buena” en lengua curripako. Aparte de Carrizal, que aporta el 2% del área del proyecto, forman parte cuatro resguardos sobre el río Guaviare y otros tres en la parte oriental del departamento, en zonas aledañas al Parque Nacional Puinawai. En total viven allí unas 659 familias de los pueblos curripako, piapoco, puinave y sikuani. Pensado a 30 años, el proyecto de carbono busca “mitigar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a través de una gestión integral de los bosques”, evitando la liberación a la atmósfera de unas 376 mil toneladas de CO2 gracias a sus esfuerzos por prevenir la deforestación.
Como proponentes del proyecto aparecen líderes de 11 comunidades indígenas y dos entidades privadas. La Corporación Masbosques se encargó del “diseño, implementación, gestión, seguimiento, representación ante los organismos validadores, verificadores y certificadores de las iniciativas [y] la comercialización de los certificados generados”. Y la empresa Soluciones Proambiente S.A.S. fue responsable de la “estructuración y formulación del proyecto” (y, como contó otra investigación del CLIP, recibe parte de las ganancias que les dejan sus iniciativas con Masbosques).
El proyecto fue aprobado velozmente. El documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) que lo sustenta está fechado el 22 de septiembre de 2022. Una semana y media después, el 3 de octubre de 2022, fue validado por el auditor estadounidense Ruby Canyon Environmental. El 6 de octubre, la certificadora colombiana Cercarbono le autorizó la emisión de sus primeros 1,45 millones de créditos - equivalentes a esa misma cantidad de toneladas de CO2 evitadas. El 14 de diciembre de 2022, dos meses después, Delta Airlines canjeó 989.237 de esos bonos, según consta en la plataforma de Cercarbono. En total, Awakadaa Matsiadali vendió 1,4 millones de créditos a octubre de 2026.
El proyecto Awakadaa Matsiadali incluye nueve resguardos ubicados sobre los ríos Guaviare e Inírida, en el departamento de Guainía, en la Amazonia colombiana. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) – Rodrigo Botero.
Correos sin respuesta de fondo
El 7 de marzo de 2025, Eliberto Lara y Samuel Lara enviaron un derecho de petición a Masbosques solicitando información sobre Awakadaa Matsiadali. “El gobierno indígena del territorio, quienes somos los verdaderos titulares del proyecto y dueños del territorio, desconocemos las cuentas y la ejecución de dichos recursos”, escribieron. Pidieron detallar las ventas de créditos, sus valores y si existió algún intermediario, así como desglosar la ejecución de los recursos y el esquema financiero para manejarlos. Firmaron como cabildo gobernador y capitán, y pidieron enviar la respuesta al correo electrónico del abogado Julián Trujillo, director de la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana que viene acompañándolos legalmente.
Dos semanas después, Masbosques respondió dirigiéndose únicamente a Trujillo. En su carta, señaló que los dos líderes deberían “acreditar la calidad que dicen ostentar” como condición para responderles de fondo, con actas de nombramiento, inscripción y registro. Debería estar, apuntó, “expedida por la autoridad competente, es decir, de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social Municipal de la Alcaldía de Inírida”.
Los líderes indígenas respondieron adjuntando los certificados e insistiendo en su derecho a pedir información relacionada con proyectos en su territorio. “Todos los habitantes del mismo tenemos derecho a realizar solicitudes de información relacionadas con el mismo (...) sin condicionamiento alguno a la acreditación de un certificado o formalidad”, repusieron.
El director de Masbosques, Jaime Andrés García Urrea, negó su solicitud dos semanas después. En una segunda carta, de nuevo dirigida sólo a Trujillo, señaló que “las comunidades involucradas, en ejercicio de su autonomía y derecho a la libre determinación, no autorizan a la Corporación Masbosques la divulgación de la información del proyecto REDD+ Awakadaa Matsiadali”. Adjuntó siete cartas de otras comunidades indicando, en términos casi idénticos, su satisfacción con la iniciativa y su negativa a autorizar la entrega de información a “personas o entidades por fuera de nuestra comunidad”. No explicaron en qué se basaban para decir que Eliberto y Samuel Lara no lo eran. Masbosques además sugirió consultar la información disponible en la plataforma de la certificadora Cercarbono, que no incluye nada de lo que los dos líderes indígenas habían pedido.
Había otro punto en su carta: Masbosques añadió que, tras verificar las acreditaciones de los dos líderes, les habían notificado de “la revocatoria del cargo del señor Eliberto Lara” y “anomalías en la elección (...) catalogadas como una falta grave dentro de la normatividad interna”.
La ong antioqueña se refería a un conflicto interno que había escalado en la comunidad de Carrizal en las semanas previas, que Eliberto Lara atribuye en parte al proyecto de carbono que unos habitantes defienden y otros cuestionan. El 16 de febrero de 2025, dos meses después de su elección como gobernador y semanas antes del primer derecho de petición, fue convocada una reunión extraordinaria que abrió su antecesor Alexis Mejía Méndez y durante la cual Lara fue revocado del cargo. Mejía, la persona que firmó el contrato original con Masbosques que sustenta el proyecto, figura en documentos de éste como representante legal de Carrizal y firmó una de las cartas negando la entrega de información a sus vecinos de resguardo.
Para aumentar la confusión, las autoridades locales y nacionales tomaron decisiones contradictorias sobre esa división interna: la alcaldía municipal de Inírida validó la revocatoria y por tanto a Mejía como autoridad, mientras el Ministerio del Interior -que vela por los derechos de las comunidades indígenas en Colombia- reconoció a Lara. En su respuesta al juez, el gobierno nacional señaló que Lara fue gobernador todo el 2025 y actualmente está reconocido como capitán del sector puinave.
Durante ocho meses, los líderes indígenas Eliberto y Samuel Lara del resguardo Carrizal intentaron sin éxito que la Corporación Masbosques les respondiera sobre el proyecto de carbono en su territorio.
El caso Carrizal llega a la justicia
La falta de respuesta llevó a Eliberto y Samuel Lara a interponer una acción de tutela contra Masbosques, así como el Ministerio de Ambiente, buscando proteger sus derechos fundamentales de petición, igualdad y acceso a la información ambiental. “Como ciudadanos de Colombia y como miembros del territorio indígena de Carrizal tenemos derecho a acceder a la información ambiental relacionada con créditos de carbono, pues se trata de un asunto de interés público que, además, se realiza en el territorio al que pertenecemos como indígenas”, escribieron.
A juicio de los demandantes, el contrato firmado con Masbosques el 18 de febrero de 2022 estipulaba que el proyecto distribuiría sus beneficios a la comunidad “mediante un proceso transparente de concertación y participación efectiva” y “la implementación del proyecto se basará en la transparencia entre la empresa y la comunidad”. Sin embargo, según los dos líderes, “ha terminado por realizarse de forma arbitraria por parte de la empresa, sin que la comunidad tenga claridad alguna frente al manejo de las ganancias del proyecto ni mucho menos participe en las decisiones sobre su manejo”. Reconocieron la división interna en Carrizal pero señalaron que “todos los documentos deben ser de conocimiento de la comunidad del resguardo, así como todos los aspectos que rodean su ejecución”.
Por esto, pidieron a la justicia determinar si “la negativa de Masbosques a entregarnos la información aduciendo que ésta sólo puede entregarse a las autoridades del territorio, mas no a los demás ciudadanos, viola nuestros derechos fundamentales”.
El juez de primera instancia les dio la razón. El 10 de noviembre de 2025, el juez Alejandro Sastoque del Juzgado de Circuito Promiscuo de Inírida determinó que Masbosques “en lugar de resolver sustancialmente lo solicitado, optó por desviar el debate hacia la legitimidad de la representación, incurriendo con ello en una vulneración palmaria del derecho a obtener una respuesta pronta, completa y de fondo”. Le ordenó dar una “respuesta de fondo, completa y documentada a todas las preguntas planteadas” en 48 horas.
Un juez de primera instancia ordenó a Masbosques responder a los dos habitantes de Carrizal sobre el proyecto de carbono Awakadaa Matsiadali.
La respuesta que tanto buscaban Eliberto y Samuel Lara llegó el 12 de noviembre de 2025, más de ocho meses después de su primer derecho de petición. En 18 páginas, Masbosques le hizo a los dos líderes un reporte detallado de las ventas de los créditos del proyecto y las transferencias de recursos hechas a su comunidad de Carrizal. En respuesta a sus preguntas, les explicó que -hasta esa fecha- había vendido casi 850 mil bonos. Dos terceras partes (593 mil) habían sido usados por Delta Airlines y la otra tercera parte (256 mil) por la distribuidora de gasolina Primax. Del total vendido, 53 mil créditos correspondían a Carrizal.
Asimismo, Masbosques les desglosó a qué se habían destinado los recursos de Carrizal: habían hecho giros para la siembra de árboles nativos, la guardia indígena, bonos para escolares, equipos de transporte fluvial, proyectos productivos, el mejoramiento de la iglesia bíblica unida y honorarios a los coordinadores del proyecto. Esos desembolsos, explicaron, se hicieron entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024, desde una cuenta bancaria destinada específicamente para el proyecto.
Un día después de su respuesta, Masbosques impugnó el fallo. A su juicio, el juez no distinguió “entre información pública y aquella sujeta a reserva o autorización comunitaria”. En su visión, divulgar datos detallados puede “generar responsabilidad por violación del régimen de protección de datos y de confidencialidad comercial” y afectar “la seguridad de los líderes indígenas y la estabilidad del proyecto”. Por eso Masbosques pidió poder “entregar información ambiental de carácter general y público” y sólo responder en detalle bajo autorización de los titulares. No detalló si por ‘titular’ se refería a la comunidad en cuestión, a su representante legal o a todos los resguardos participantes.
Tras la impugnación de Masbosques, un juez de segunda instancia retomó el caso. El 12 de diciembre, dos magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare respaldaron el fallo original, aunque estimaron que la ong antioqueña había cumplido respondiendo “de manera detallada” a los líderes tras la orden del juez de primera instancia. También desvincularon al Ministerio de Ambiente, al que los demandantes reprochaban no haber actuado frente al proyecto de carbono y los problemas que denunciaron.
Eliberto y Samuel Lara, sin embargo, consideraron que dicha respuesta de Masbosques era muy escueta y la información del proyecto seguía siendo poco transparente.
“A mí hasta el sol de hoy, como autoridad, nunca me han llamado ni me han invitado a una reunión del proyecto. A la coordinadora de proyectos de Masbosques le hemos dicho también y nada. No nos reconocen, no nos dan importancia en el proyecto”, dice Eliberto Lara, quien sucedió a su tío Samuel como capitán del sector puinave del resguardo.
Además, creen que el caso pone a prueba la aplicación del acuerdo regional de Escazú, que obliga a las autoridades a garantizar mayor transparencia en la información sobre proyectos con posibles impactos ambientales, por primera vez en un proyecto de carbono.
En la audiencia de selección del 30 de abril de 2026, los magistrados Natalia Ángel y Héctor Carvajal decidieron que la Corte Constitucional revisará el caso por considerarlo “un asunto novedoso”, uno de sus criterios objetivos de selección. Esto ocurre cuando un caso concierne asuntos constitucionales que no han sido abordados antes en la jurisprudencia.
Consultada por esta alianza periodística, Masbosques dijo que respondió las peticiones de los dos líderes indígenas dentro de los términos legales y que no lo hizo en detalle en un principio porque “las comunidades titulares del proyecto manifestaron por escrito que no autorizaban su entrega a terceros”. No explicó si a su juicio los habitantes de Carrizal son terceros. En todo caso, enfatizó que cumplió la orden del juez e impugnó aquellos puntos que le parecía requerían precisión. “El Tribunal Superior (...) dijo que el juez de primera instancia no podía ordenar la entrega total de la información sin examinar antes la reserva legal y los derechos de terceros”, señaló, añadiendo que el fallo de segunda instancia también dejó constancia de que la la ong había respondido. (Ver respuestas completas).
Sobre su política sobre a quién responde, Masbosques explicó que “cualquier habitante puede presentar peticiones, tenga o no un cargo de autoridad”. Sin embargo, precisó que “otra cosa es el alcance de lo que puede entregarse” y que alguna información, como la financiera o contractual, “requiere la autorización de sus titulares o una orden de autoridad”.
Los problemas de Masbosques en la Amazonia
La Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, más conocida como Masbosques, principal proponente de Awakadaa Matsiadali, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2003 para ejecutar un proyecto de conservación en los bosques del Valle de San Nicolás en el oriente de Antioquia.
En un inicio su vocación fue netamente local, juntando a actores públicos y privados de la subregión al oriente de Medellín con la idea de que su proyecto forestal vendiera certificados de captura de dióxido de carbono, como permitía el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto, el acuerdo climático que antecedió al hoy vigente de París. Cornare, la autoridad ambiental local, aportó 36 millones de pesos (unos 12.700 dólares de la época) para su fundación y siempre ha ocupado un asiento en su junta directiva. Rápidamente sumó como socios a entes públicos como las nueve alcaldías y la asociación de municipios de la subregión, a privados como el gremio floricultor Asocolflores y la Corporación Empresarial del Oriente, a educativas como la Universidad Católica de Oriente y comunitarias como las juntas de acción comunal. En total, cuenta hoy con 19 socios.
Fragmento de acta de la más reciente asamblea general de Masbosques que detalla sus 19 miembros asociados, incluyendo nueve municipios de Antioquia y una autoridad ambiental departamental.
Con los años, Masbosques fue ampliando su radio de acción más allá de Rionegro y el Oriente. En 2008 comenzó a replicar su proyecto forestal en Medellín, gracias a un convenio con Cornare, la alcaldía de la capital antioqueña y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En 2013 lanzó BanCO2, un esquema de pago por servicios ambientales en el que empresas como Bancolombia financian a familias campesinas que cuidan bosques y neutralizan así su huella de carbono. Esa iniciativa pronto se convirtió en su proyecto bandera, que extendió a una veintena de departamentos y que Cornare incluso promovió en Perú. Ha sido tan bien recibida que ya han lanzado tres líneas adicionales del esquema, llamadas Bio, Plus y Agua.
A la Amazonia llegó en 2015. Además de Awakadaa Matsiadali, viene impulsando otros seis proyectos Redd+ en la región. Dos de ellos han tenido problemas. En Baka Rokarire, en el Pirá Paraná famoso por el sistema de conocimiento tradicional de los chamanes jaguares de Yuruparí, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Masbosques firmó el contrato con quien ya no era representante legal del territorio y el proyecto no pasó por la máxima instancia de gobernanza, como documentó el CLIP. Esto llevó a que, en palabras de la Corte Constitucional, “no obtuvieron el consentimiento libre, previo e informado mediante un diálogo genuino y de buena fe”. En uno de los apartados más duros de su fallo, la Corte señaló que “una organización con presencia permanente en la Amazonia tendría o se inferiría debería tener algún conocimiento sobre pretensiones de las comunidades asociadas al funcionamiento de territorios indígenas”.
Masbosques señaló a esta alianza periodística que la sentencia de la Corte Constitucional de 2024 “fijó estándares de debida diligencia que incorporamos a nuestros procesos”. Explicó que “fortaleció sus procesos con mayor rigurosidad en el marco de salvaguardas y sus protocolos con enfoque diferencial”, incluyendo un canal propio de peticiones y reclamos, protocolos de interlocución y escucha activa con las comunidades y avances en la traducción de la información a las lenguas indígenas de sus socios en los proyectos.
Otro proyecto impulsado por Masbosques en Guaviare, llamada Jocu Bucuro Apuro, incluyó un resguardo que ya formaba parte de otro proyecto Redd+ aprobado y que había vendido bonos, según mostró otra investigación del CLIP. Al formar parte de dos proyectos del mercado de carbono activos simultáneamente, ese territorio indígena y la ong antioqueña vendieron un mismo resultado ambiental dos veces – algo que, en el mundo de las compensaciones de carbono, se conoce como una forma de doble contabilidad. Al final, Masbosques tuvo que excluir a ese territorio de la iniciativa.
En ninguno de los casos el auditor, la empresa estadounidense Ruby Canyon Environmental (luego comprada por la multinacional Tüv Süd), detectó los problemas. En su informe sobre Awakadaa Matsiadali, Ruby Canyon observó que “en general se pudo comprobar que las comunidades están informadas sobre el proyecto y que están de acuerdo con la implementación”, aunque advirtió que “se identificó en algunos casos la necesidad de reforzar la socialización con algunas de las comunidades”.
Tampoco detectó los problemas de Baka Rokarire la certificadora colombiana Cercarbono al momento de darles entrada al mercado.
De hecho, otra peculiaridad de ese proyecto es que -como contó el CLIP- sus bonos no fueron comprados desde un inicio por la aerolínea Delta Airlines, sino por una empresa tecnológica llamada Latin Checkout que no los usó. Los tres accionistas fundadores de Latin Checkout eran, como mostró el CLIP, los mismos que estaban al frente de la certificadora Cercarbono. Eso significa que quienes comercializaron los bonos de un proyecto con posibles problemas terminaron siendo los mismos que lo habían certificado. Para marzo de 2023, un acta de Latin Checkout mostraba que solo figuraban dos de los fundadores, Alejandro Celis Posada y Andrés Correa Agudelo, como accionistas. Ya no aparecía el tercero, Carlos Trujillo Echeverri, quien es hoy representante legal suplente de Cercarbono y miembro de su junta directiva (en la que también está el ex congresista y ex embajador Federico Hoyos). Un acta societaria de Cercarbono de marzo de 2019 mostraba a los tres como accionistas de esa empresa y a enero de 2022 estaban en su junta directiva.
En cinco ocasiones, entre 2022 y 2023, Latin Checkout no respondió consultas de esta alianza periodística sobre si habían comprado o revendido créditos de otros proyectos Redd+ en Colombia. Consultados de nuevo en octubre de 2026 si compraron bonos de Awakadaa Matsiadali, no respondieron.
A la pregunta de si vendió directamente los bonos a Delta y Primax o a una entidad distinta, Masbosques respondió que “Delta Air Lines y Primax Colombia figuran como compradores o beneficiarios finales de los retiros según EcoRegistry”. No señaló si hubo un intermediario. Precisó que “cuando el resguardo de Carrizal no autorizó su participación en la venta de 2024, esa decisión se respetó y sus créditos quedaron por fuera de la operación”. Masbosques también confirmó que sí “ha vendido créditos de algún proyecto distinto a Baka Rokarire a Latin Checkout S.A.S., así como a través de otros intermediarios”. Declinó identificar cuáles, cuándo y cuántos créditos les vendió, citando acuerdos de confidencialidad.
Esta alianza periodística preguntó a los dos compradores de créditos del Awakadaa Matsiadali, Delta Airlines y Primax Colombia S.A., si tenía conocimiento de que dos líderes indígenas de uno de los resguardos beneficiarios habían visto denegadas sus solicitudes de información sobre el proyecto hasta ganar un fallo de tutela.
Delta Airlines, que también había sido el mayor comprador de bonos de los otros dos proyectos de Masbosques con problemas, respondió que “ha reorientado por completo su enfoque, dejando atrás las compensaciones de carbono para centrarse en la descarbonización de nuestras operaciones”, mediante medidas como el uso de combustible de aviación sostenible y la renovación de su flota. No respondió si está al tanto de los problemas del proyecto. Primax, que usó un total de 430 mil créditos del proyecto y cuyos últimos 30.695 créditos fueron usados en julio de 2026, seis meses después de los fallos en contra de Masbosques, no respondió.
La autoridad ambiental Cornare señaló que no tenía conocimiento de que Awakadaa Matsidiali está siendo examinado por la Corte Constitucional y que, pese a que “no interviene en la formulación, contratación ni ejecución de cada proyecto particular” de Masbosques por tratarse de una entidad distinta y autónoma, le hará seguimiento a través de las instancias de gobierno de Masbosques. También señaló estar al tanto de la sentencia de 2024 sobre Baka Rokarire y haber seguido el tema desde la junta de Masbosques. Las alcaldías de los nueve municipios que también son miembros asociados de Masbosques no habían respondido a las mismas preguntas a la fecha de publicación.
Una sentencia de la Corte Constitucional de 2024 señaló que Masbosques y las empresas Soluciones Proambiente, Cercarbono y Ruby Canyon Environmental, que estructuraron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, “no actuaron con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que [éste] genera sobre la población indígena”. Foto: cortesía de Diego Samper / Libro Makuna, portrait of an Amerindian people.
A quién debe responder un proyecto de carbono
Uno de los puntos que posiblemente evaluará la Corte Constitucional es quién tiene derecho de solicitar información sobre un proyecto de carbono.
“La información no puede ser compartida sólo con aquellos individuos que una empresa decide. Eso afecta su posibilidad de participar, de ejercer el gobierno propio y de velar por la buena ejecución de los recursos”, dice el abogado Julián Trujillo, que dirige la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana que viene acompañando legalmente a los líderes puinave. “El problema es que el Estado creó una normativa tan flexible que termina favoreciendo a las empresas”.
Es una situación que se repite en otros proyectos con problemas. En el resguardo tikuna de Cotuhé Putumayo en Amazonas, el representante legal de la autoridad indígena que históricamente ha gobernado en el resguardo no ha logrado que la desarrolladora mexicana Global Consulting and Assessment Services responda sus solicitudes de información detallada. En el resguardo inga de Cumbal, en los páramos de Nariño, un grupo de jóvenes profesionales tampoco ha obtenido respuestas de esa misma empresa sobre el proyecto hecho a espaldas de la comunidad pese a haber ganado dos fallos.
Varias iniciativas gubernamentales y de sociedad civil han buscado aumentar la transparencia de los proyectos de carbono. La interpretación nacional de las salvaguardas sociales y ambientales, creada por el gobierno colombiano con participación de comunidades étnicas y obligatoria para todos los proyectos Redd+ desde 2022, exige que “los interesados cuenten con información transparente, accesible y oportuna”. La guía de acuerdos justos elaborada por la ong WWF Colombia, que recopila buenas prácticas sugeridas, propone entender como transparencia “el flujo abierto de la información del proyecto que permita a cualquier actor comunitario conocer toda la información, los acuerdos, la distribución de los beneficios y el uso de los recursos”.
Más allá del mercado de carbono, el acuerdo de Escazú -que fue impulsado desde la Cepal de Naciones Unidas y Colombia ratificó en 2024- reconoce el derecho de cualquier persona a pedir información ambiental a las autoridades competentes, sin tener que demostrar un interés especial ni explicar para qué la quiere. Cuando se trata de un actor privado, como Masbosques (que sin embargo tiene nueve alcaldías y una autoridad ambiental regional como asociados), el Estado debe tomar medidas para promover el acceso a esa información sobre sus operaciones y sus posibles impactos.
“Ser o no ser representante del resguardo no debería convertirse en barrera para conocer la información ambiental del proyecto. Respetar la autonomía y las autoridades indígenas es fundamental, pero eso no significa que sólo ellas puedan acceder a ella”, dice Lina Muñoz, profesora de derecho ambiental de la Universidad del Rosario que ha acompañado todo el proceso de Escazú.
“Todo el mundo habla de Escazú, ¿pero qué significa en la vida real? Para nosotros esta es una oportunidad para dejar claro qué significa el principio de máxima publicidad de la información ambiental de la que habla el acuerdo. Muchos actores la manejan en mínimos”, dice Julián Trujillo.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su opinión consultiva sobre cambio climático de 2025 que “los Estados deben asegurar que las empresas comuniquen de forma pública, precisa y accesible información sobre las repercusiones climáticas de sus actividades, incluyendo información suficiente para evaluar la idoneidad de las medidas adoptadas a fin de prevenir la vulneración de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, la huella climática de sus productos y servicios, las características y efectos de proyectos con altas emisiones y tecnologías disponibles, así como detalles sobre sus iniciativas de sostenibilidad, cumplimiento de la normativa ambiental e inversiones en energías renovables y tecnologías respetuosas del ambiente”. Lo dicho por la Corte es vinculante para los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como Colombia.
Este tipo de situaciones quizás se presentarían menos si el Ministerio de Ambiente tomara una postura más activa en supervisar el mercado. Por ejemplo, nunca cumplió -como contó esta investigación del CLIP de 2022- su compromiso con el Banco Mundial, que financió el trabajo en las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas Redd+, de habilitar un mecanismo de atención para que las personas y comunidades puedan pedir información sobre proyectos o denunciar problemas.
El gobierno decidió que serían los canales generales de atención al público del Ministerio de Ambiente, como su línea telefónica gratuita, su correo electrónico de servicio ciudadano y su formulario digital de preguntas y quejas, los que aplicarían cuando algún ciudadano o comunidad tenga alguna inquietud sobre un proyecto privado de carbono. Mientras tanto, el programa Redd+ estatal, llamado Visión Amazonia, sí cuenta con su propio mecanismo de reclamo y en su más reciente informe sobre salvaguardas a la Convención de Cambio Climático reportó peticiones y solicitudes de información.
Una vez más, igual que ocurrió con el consentimiento libre, previo e informado en el caso del Pirá Paraná, será la Corte Constitucional la que dirimirá si un proyecto del mercado de carbono está respetando el derecho de las comunidades indígenas a pedir información sobre un proyecto que debe compensarlos por su esfuerzo de conservar grandes extensiones de selva.
Actualizado el: Mar, 11/03/2026 - 10:39