Bula y otros buenos muchachos
La familia Olivera tuvo que vivir las miserias de la guerra en el municipio de Ovejas, en Sucre. Vivían en medio de enfrentamientos entre ‘paras’ y guerrilleros, fueron amenazados y desplazados en varias ocasiones y el padre de la familia, Víctor, fue asesinado en 2006. Dos años después la violencia disminuyó, pero el dolor y la pobreza agobiaban a diario a los Olivera. Decidieron vender su finca de 47 hectáreas por cerca de 50 millones de pesos a un influyente político que llegó a la zona a comprar tierras a diestra y siniestra: el exsenador Otto Nicolás Bula.
Durante las últimas semanas el excongresista aparece a diario en los medios de comunicación y la Fiscalía entrega a cuentagotas sus declaraciones. En ellas se le señala, entre muchas cosas, de ser intermediario para que dineros de la empresa Odebrecht financiara la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos en 2014.
En medio de la polarización que vive el país, Bula se convirtió en una ficha más del juego, en el que santistas y uribistas se tachan de traidores, corruptos y mentirosos.
El ahora muy conocido exsenador tendrá que responder ante las evidencias que lo señalan de ser un eslabón en la cadena de compra de contratos de la empresa brasileña en Colombia, pero lamentablemente no tendrá que enfrentar un juicio por las acusaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares. Tampoco le explicará al país cómo funciona el negocio que ha legalizado el despojo de miles de campesinos víctimas de la guerra.
El caso de la familia Olivera es uno de decenas en los que aparece involucrado el exsenador en la Costa (Ver reportaje de VerdadAbierta.com) . Cientos de hectáreas que hoy se encuentran sembradas de teca en manos de grandes, empresas como la cementera Argos, pasaron por las manos de Otto Bula, sus socios o empresas con las que ha tenido algún tipo de relación.
También en Ovejas, en la Hacienda La Europa, de cerca de mil hectáreas, apareció una extraña empresa paisa que se hacía llamar Arepas Don Juancho comprando gran parte de la tierra. Una investigación del portal VerdadAbierta.com deja en evidencia el complejo entramado empresarial que han utilizado estos intermediarios para ser invisibles ante las comunidades. En el momento de la investigación, VerdadAbierta.com verificó que Arepas Don Juancho no vendía arepas ni insumos para su fabricación en ninguna parte, pero estableció vínculos de esta supuesta compañía con la Agropecuaria Montes de María, una empresa a la que perteneció el exsenador Bula.
Pero es equivocado pensar que estas compras masivas de tierra a bajos costos que dejaron sin propiedad a miles de campesinos se realizan solo con el poder del dinero.
Revisando los casos es evidente que el negocio en varias zonas del país, involucró a funcionarios de notarías y decenas de funcionarios públicos.
Los casos de las tierras en las que está involucrado Bula demuestran su poder en decenas de municipios de la Costa. Los llamados Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, conformados entre otros por concejales de los pueblos y encargados por velar por los intereses de las víctimas, aprobaron todas las ventas de tierra.
Bula se paseó durante casi dos décadas por Córdoba, Sucre y Bolívar, usando y exhibiendo el poder que había ganado junto al primo del expresidente Uribe, el exsenador Mario Uribe, condenado por vínculos con los paramilitares en Córdoba. Bula, que manejó su campaña al Senado en 2002 en ese departamento, nunca responderá a la justicia por sus presuntos vínculos con los ´paras´, que lo han señalado entre otras cosas de ser un testaferro de Mario Uribe, porque en la Fiscalía nunca se movió su investigación durante años y el proceso prescribió esta semana.
Bula es el intermediario que aparece súbitamente en zonas en las que ha disminuido la violencia a comprarles tierras a campesinos pobres para revenderlas uno o dos años después a altos precios. No es un personaje particular en el paisaje pos ‘paras’ y pos ‘Farc’ en el que insiste vivir el país hace casi una década. Como él hay decenas y los negocios se han concretado en varias zonas de Colombia.
Álvaro Ignacio Echeverría y Raúl Mora, empresarios antioqueños cercanos a expresidente Uribe, son otros de los intermediarios que llegaron a comprar fincas a los Montes de María. Como lo ha documentado este portal en Vichada ( Ver especial ) , a miles de kilómetros, para la misma época llegaron empresarios vallunos a comprar miles de hectáreas a campesinos que soportaron años de guerra, que terminaron en menos de dos años en manos de grandes compañías nacionales y multinacionales como Cargill y Riopaila.
La clave a la hora de examinar estos casos es elemento común que convirtió estas tierras que habían tenido un valor miserable por años, debido a las consecuencias de la guerra, y que repentinamente se convirtieron en una mina de oro.
En el caso de los Montes de María, en un vídeo publicado por VerdadAbierta.com, se ve al ministro de Agricultura de ese entonces, Andrés Fernández, en una reunión invitando a campesinos a vender sus tierras a prominentes empresarios paisas. En el caso del Vichada, uno de los intermediarios, Carlos Llano, le dijo a este portal que “pudimos hacer unas adquisiciones con el fin de desarrollar proyectos de ganadería, agricultura y reforestación, siempre animados por los planes de infraestructura que anunciaba el gobierno para esta región” (ver entrevista completa).
Parece que los únicos que no se enteraban del valor que iban a adquirir esas tierras en unos cuantos meses eran los campesinos víctimas de la violencia.
Lo más preocupante de todo es que ante la ley ninguno de los intermediarios cometió delito alguno. Comprar barato para vender en muy poco tiempo por cinco o diez veces el valor inicial, sigue apareciendo ante muchos círculos la evidencia de unas excelentes habilidades comerciales, así se haya dejado sin tierra a gente humilde que le tocó sufrir por años las miserias del conflicto.
Según la Ley de Victimas y Tierras, los que tienen que responder son las empresas propietarias de las fincas en la actualidad. Una sentencia de la Corte Constitucional determinó que en el caso de la cementera Argos que esta debía revisar las transacciones previas a la compra de unos terrenos en los Montes de María y tendría que devolver las fincas a los campesinos. Sin embargo todos los intermediarios que hicieron el gran negocio, seguirán sin responder por lo que hicieron en estos casos y continuarán siendo los buenos muchachos con fuertes redes de poder invisibles ante la justicia, a no ser que tengan la mala suerte de que llegue un expediente de otro país que los vuelva visibles ante los ojos de todos.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:52