El Grupo Celsia - perteneciente al Grupo Argos - con la hidroeléctrica no ha sido la única empresa que ha tenido problemas con las comunidades: fue en 2004 cuando la Anglo Gold Ashanti llegó a sus montañas con la intención de realizar un proyecto de megaminería: 

Uno antes se iba con la batea, una mutafe, una barra, para manejar las piedras, hacia un hueco y ahí estaba el mineral que uno podía coger. En cambio ahora, uno va a la orilla del río, hace un hueco y encuentra es piedra; el agua que vierte, y la arena, y nada de oro. Y puro lodo.

Fragmento tomado de CARACTERIZACIÓN DE AFECTACIONES TERRITORIALES CONSEJO COMUNITARIO DE LA TOMA MUNICIPIO DE SUÁREZ -CAUCA. Elaborado por: Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN

La multinacional de origen sudafricano llegó bajo el nombre de Sociedad Kedahda y posteriormente, cambió varias veces de razón social hasta reconocerse como la Anglo Gold Ashanti. En diálogo con El Espectador, Aníbal Vega aseguró que lo que explotaba “AngloGold en una semana, las familias suareñas con minas artesanales propias lo hacían en cinco años”, añadiendo además la presencia de terceros y particulares con retroexcavadoras en el río. Esto ocasionó que, la movilidad de las personas se viera restringida por la minería y que el suelo ya no fuera apto para las prácticas agrícolas. Además, que la comunidad sufriera la intimidación por parte de grupos armados ilegales. 

Con la empresa minera funcionando, los Consejos Comunitarios se unieron para reclamar la adjudicación de sus territorios ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. A la par que se gestó el proyecto de desviación del río Ovejas, que pretendía aumentar en un 20% la capacidad de producción de energía de la represa.  Otras empresas como la Gran Colombia Gold Corp., Galway Gold Inc., Red Eagle Exploration Limited, Eco Oro Minerals Corp. y Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A han intentado entrar a Suárez a través de las titulaciones mineras. 

En total, en Suárez se otorgaron 13 títulos mineros a empresas y terceros con el fin de explotar el oro del departamento. Es importante destacar que la mayoría de ellos fueron licenciados a nombre de Héctor Jesús Sarria para explotar oro por 10 años prorrogables. 

Sergio Lucumi, representante de las colonias afrodescendientes del Consejo Comunitario La Toma, sentenció que “ellos dijeron que allá no había negros”, refiriendose a que el Ministerio de Interior y de Justicia argumentó de forma ‘certificada’ que la comunidad afro más cercana quedaba a 19 km de la zona a explotar y, por lo tanto, no aplicaba la consulta previa, que se supone debe ser regulada por la Ley 21 de 1991 bajo el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

 

 

En el año 2009, Francia Márquez acompañada de las mujeres de La Toma inició una proceso de reclamación y protestó con el objetivo de evitar que las personas fueran desalojadas del territorio ancestral en razón de los terrenos entregados a Sarria y a la empresa Anglo Gold Ashanti. 

El diario El País siguió de cerca esta situación, en la noticia se señaló las palabras del alcalde de ese entonces, Luis Fernando Colorado: “El Juez Primero administrativo de Popayán ordenó la salida de las minas de más de 500 familias del corregimiento La Toma, desconociendo que desde hace más de 300 años la comunidad afrodescendiente del sector viene explotando el mineral”. Por esta situación, Márquez y demás líderes sociales instauraron una acción de tutela exigiendo la permanencia en sus territorios y la violación a los derechos humanos fundamentales. 

Solo fue hasta las emblemáticas Sentencias de la Corte Constitucional T1045A del 2010 y T462 del 2014 que la comunidad afro y la comunidad indígena - respectivamente - obtuvieron autonomía y un ‘blindaje’ provisional para detener la operación extractivista en la región y el desalojo de la comunidad por parte de Héctor Jesús Sarria. Además de que se garantizara el derecho a la consulta previa, proteger la Identidad e Integridad Étnica, Cultural, Social y Económica de Comunidad Afrodescendiente. 

 

Entre panfletos, llamadas y amenazas: Defender la vida a orillas del Río Cauca es una labor de alto riesgo

 

“El 21 de febrero del 2022 me amenazaron. A veces a través de llamadas, a veces a través de panfletos… Entre la comunidad intentamos respaldarnos y cuidarnos”, contó Aníbal Vega, representante legal del Consejo Comunitario La Toma que le ha puesto el pecho a la lucha medioambiental por su comunidad. 

Para los líderes y lideresas, la existencia de la base militar en los sectores aledaños a la represa prioriza la seguridad de la represa y no la situación de conflicto de la región. “Muchas veces los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados hacen que nosotros quedemos en el medio” dijo Vega, mientras asegura no conocer la identidad de estos actores que actualmente hostigan a Suárez. 

“si continúan con la defensa del río

Ovejas, serán declarados objetivo militar”

Fragmento tomado de un panfleto registrado por el documento de CARACTERIZACIÓN DE AFECTACIONES TERRITORIALES CONSEJO COMUNITARIO DE LA TOMA MUNICIPIO DE SUÁREZ -CAUCA. Elaborado por: Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN

 

Rutas del Conflicto documentó 2 masacres en la zona. (link)

Producto de las amenazas, Francia Márquez tuvo que salir desplazada forzosamente de La Toma a finales de 2014. Medios periodísticos del Cauca, así como líderes de la zona han alertado sobre el hostigamiento de disidencias de las Farc (2021) y las Águilas Negras (presente). 

Según el observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, durante el 2021 fueron asesinados 31 líderes y lideresas, y se cometieron 14 masacres en el departamento, esto consolidando al Cauca como departamento con mayor número de hechos victimizantes del país. En lo que va del 2022, han asesinado a ocho líderes sociales y defensores de derechos humanos y se han registrado, por lo menos, cuatro masacres. 

En el informe Represas y Desarrollo, citado en Ecoportal, se afirmó que “entre 40 y 80 millones de personas habrían sido desplazadas en el mundo durante el siglo XX a causa de las represas; tal situación constituye un lesivo impacto social, ambiental y cultural que los empresarios de las represas y diversos gobiernos, a través de discursos y engaños, han invisibilizado por décadas”. Se le suma los datos del DANE que demuestran cómo la población de Suárez ha pasado de 23.512 habitantes en 1993 a 19.002 en el 2005.

Con una de las represas más importantes del país, las comunidades  que viven en Suarez  denuncian que no cuentan con agua potable, ni una antena o torre de señal para la comunicación; y adicionalmente que, en el municipio con una represa hidroeléctrica con capacidad de 270 MW de energía eléctrica, se pague una de las energías más costosas de todo el país. 

“Gente que pagaba 15 o 20 mil pesos de energía eléctrica, ahora le llegan facturas de 150 o 200 mil pesos… Hemos llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos, pero no nos han respondido” 

“Salvajina es una obra de ingeniería y turismo hermosa, pero acá en el Consejo Comunitario La Toma con aproximadamente 1500 familias,  no conocemos el grifo ni una gota de agua potable” 

- Aníbal Vega 

 

 

En la actualidad: los diálogos, el Plan de Manejo Ambiental y el camino hacia la Titulación Colectiva

 

“Con Francia nos hicimos, crecimos, defendimos el Río Ovejas y los intereses de las comunidades. Cuando nos dijeron en el año 2008: ‘es que ustedes se tienen que ir del territorio’ ella se paró por mandato de la mayora Paulina para defender el territorio; ella nos dijo ¿Cuál es el miedo?. Entonces en relación a esto, Francia para nosotros es el cumplimiento de un legado ancestral de nuestras mayores y mayoras. Para nosotras ella es un ícono de fortaleza y defensa territorial” .

-Aníbal Vega

El Consejo Comunitario La Toma y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACON) nacieron a partir de la resistencia afrodescendiente de Suárez. Es en el 2010 cuando se crea la Mesa Minera del municipio en torno a las denuncias, los reclamos y peticiones de reparación al gobierno y a las empresas mineras, pero solo hasta la Resolución 1533 del 30 de noviembre del 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó que se debe crear un Plan de Manejo Ambiental que contrarreste las repercusiones que trajo la construcción de La Salvajina. 

“Llevamos 36 años de lucha y varios periodos de diálogo sin poder llevar a cabalidad lo prometido en el acuerdo del 86 y en muchas más reuniones que hemos tenido… En este proceso iniciamos 12 consejos comunitarios de los cuales solo nos mantenemos tres: La Toma, Pureto y La Meseta… La ANLA no ha garantizado el cumplimiento de estos acuerdos” afirmó el líder Sergio Lucumí. Por estas razones, el 6 de mayo de 2021 durante el Paro Nacional, se dio la Toma de la Casa de Máquinas debido al presunto incumplimiento de Celsia Energía en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

Aquel día al son de las tamboras y la agitación de las banderas del Cauca, Francia Márquez, Lisifrey Ararat, Aníbal Vega y líderes indígenas tomaron el micrófono para manifestar la inconformidad de su pueblo con la dilación de los procesos de diálogo.Tras esta situación Vega afirmó que, “desde la Toma de la Casa de Máquinas la relación con la empresa ha mejorado y hemos podido construir acuerdos para el mejoramiento”. 

Los acuerdos que ya se tienen concertados con presupuestos se dieron en cuatro aspectos: Infraestructura, Cultura, Vías y Productivo.  En los próximo años, en unión con el Estado y la supervisión constante de los Consejos Comunitarios, se debe dar  la debida reparación para la paz, la protección para los líderes y lideresas, la construcción de un acueducto que les permita tener agua potable, el mejoramiento del plantel educativo y la recuperación de su cultura. Se espera que para mayo de este año se dé inicio a las obras en terreno. 

Sin embargo, la defensa del  territorio no termina en el Plan de Manejo Ambiental con Celsia Energía, sino que van por un sentencia mayor: conseguir la Titulación Colectiva de La Toma y con ello blindar la tierra de proyectos extractivos. Para esto la comunidad deberá demostrar que ha habitado allí desde 1636 y que aquellos terrenos donde cultivan significan no sólo su calidad de vida sino también un legado ancestral. 

Vega y Lucumí respondieron  que se sienten optimistas tanto con el  Plan de Manejo como por la demanda de Restitución de Tierras, pues este año esperan que salgan dos acciones que los reconocen como sujetos de reparación colectiva. En nombre de los Mina, los Lucumí, los Carabalí, los Yatacué y tantas familias de La Toma y Suárez, luchan  porque por fin lleguen las condiciones de vida digna que se les ha arrebatado durante tantos años. 

“Ellos se esperan que nos durmamos, pero nosotros vamos a seguir aquí vigilando al gobierno y a las empresas hasta que consigamos la Titulación Colectiva” dice Vega.