Historias no contadas: el conflicto armado en el sur de Santander

Por: Alejandra Cetina

“Mi papá trabajaba como mecánico de carros y le tocó ir a varios municipios cercanos a arreglarle unas cosas a los guerrilleros. Llegaban al taller y le decían que se  lo llevaban a reparar unos carros. Se subía, trabajaba y se devolvía porque qué más (...) Pero uno no se sienta a tomar café y a contar que pasó aquello o lo otro. Saber que si uno habla lo matan hace que las historias se queden en el olvido y en la cotidianidad de las personas. Aquí no pasó nada y siga caminando.”

Jorge Enrique Ortiz es un joven “santandereano y barboseño de pura cepa” como él mismo se considera. Nació en el municipio de la provincia de Vélez, límite con Boyacá, y solo ha abandonado su pueblo para estudiar.  Es líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y añora organizar un observatorio del conflicto armado en la provincia, sin embargo, el apoyo económico todavía no lo ha conseguido. Desde su primer año tuvo que ver como su papá era reclutado forzosamente unos días para ser mano de obra.

 

Su afán por echarle un ojo al  conflicto armado surgió por su afinidad con los temas políticos y por su mirada crítica a los mismos. “En Santander y sobre todo en nuestra provincia fue especialmente cobijado por el tema político. La limpieza social siempre se le atribuye a este tema”. Y es que además, este factor no solo ha repercutido en la generación y en las dinámicas de la guerra sino que también ha contribuido a que en los municipios, no se hable, no se conozca de él y por ende no se generen políticas locales para las víctimas y para la población vulnerable. En el Magdalena Medio santandereano, en donde se ubica Barrancabermeja, se cuenta con una amplia reconstrucción pública del conflicto. Mientras que al sur, específicamente en la provincia de Vélez, nunca se ha hablado de este aunque también lo sufrieron.

 

Ni siquiera, el enlace de víctimas de Puente Nacional, otro municipio de la provincia de Vélez, tiene registro de aquellas personas que sufrieron la guerra local. Heidy Milena Gemade es la encargada del enlace y reconoce, con voz dudosa, que el panorama no está del todo claro en cuanto a las víctimas de la zona. La mayoría de personas que están dentro del registro del municipio son desplazadas de otras partes del país en las que ha existido un mayor impacto de la guerra.  Los pocos registros locales corresponden a la masacre de La Cantarrana en 1960 en la que 10 liberales que se reunían para un funeral fueron asesinados por el conservador Efraín González en una calle de la cabecera municipal. Este hecho marcó tanto a los puentanos, que es prácticamente imposible preguntarle a los más viejos de la región por los hechos violentos y no se remonten a contar solo esa masacre.

 

Ejemplo de ello es Diego Suárez, un hombre delgado y de avanzada edad que se enamoró del territorio cuando trabajaba con la gobernación y hacía viajes frecuentes en mula y a pie. Hace 20 años decidió radicarse en Puente Nacional y guiado por su conocimiento empírico de la historia de la zona fundó el periódico regional Portales y empezó un programa radial en la La Voz de Sorocotá. Si se quiere conocer la historia de la provincia se tiene que recurrir  a él. Sin embargo, cuando empieza a hablar de los hechos violentos cuenta cada una de las historias del bipartidismo, los asesinatos selectivos a personas de ambos bandos y la política de la época. No cuenta nada del conflicto armado reciente.                                                                                                                                           

 

“Pero, eso era normal”

 

Hay punto en donde sí coinciden varios de los relatos de los habitantes. Cuentan que durante una época había una presencia particularmente “pacífica” y “pasiva” de guerrilla y paramilitares, y que estos últimos se limitaban exclusivamente a ‘ayudar’ al pueblo con los temas de seguridad. Las historias de José Enrique, Diego y Heidy no pueden dejar de hacer énfasis en que todo esto era normal.

 

Vidal Contreras es un líder social que retornó al pueblo de su esposa años después de que ella muriera. Recuerda con nostalgia las historias de los viajes que hacían a Puente Nacional para visitar a la familia. Pero entre sus memorias resalta las épocas en las que los actores armados fungían como cuidadores del pueblo. Los campesinos les daban de comer cada que llegaban a sus fincas y como “recompensa” los protegían de los ladrones que querían robarse las gallinas o las cosechas de café. Cuenta que hace unos años cuando se bañaba en una quebrada del municipio, unos guerrilleros le preguntaron por un familiar que había matado una gallina en una tienda, él negó conocerlo y luego le avisó.  “Él se fue del pueblo y esta es la hora en la que no ha vuelto. Pero eso era lo más de normal, acá sacaban o mataban solo a los bandidos. Pusieron el orden en Puente”, aseguró Contreras.

 

 

Aunque, hay que tener claro que las amenazas y asesinatos históricamente no han fungido solo para la “seguridad” de campesinos y comunidades. Han existido amenazas y asesinatos contra comerciantes que no quieren pagar las llamadas “vacunas” a los diferentes grupos y contra las personas que supuestamente colaboran con otros actores armados. Además, por estos medios,  “arreglaban” asuntos personales.

 

Es el caso de Juan Carlos Contreras que se encontraba de visita en unas ferias en Puente Nacional entre los años 2000 y 2001 y después de saludar a una amiga que también se encontraba en el evento, unos hombres se le acercaron para ordenarle que se fuera del pueblo lo más pronto posible si no lo mataban. “Yo conozco a ese mechudo, no lo jodan” afirmó un hombre que se había percatado de la situación y que también le advirtió a Juan Carlos que se fuera lo más rápido posible. Recuerda que tomaron un carro rumbo a Chiquinquirá y que antes de la salida del pueblo los pararon unos hombres armados entre los que se encontraba el novio de la joven y volvieron amenazarlo diciéndole que no se volviera aparecer por el pueblo. “Un amigo de ella me dijo que esos hombres y el novio eran amigos de los paramilitares de la zona”, aseguró Juan Carlos.

 

Para Ana Guglielmucci, profesora del Centro de estudios sobre conflictos y paz de la Universidad del Rosario, la normalización de los hechos violentos y la ausencia de una construcción de relato colectivo público en Colombia, corresponden a tabúes o a que las personas se tomen ciertos resguardos para no hablar públicamente de eso por temor. Además, asegura que en algunos casos, las presiones políticas de las familias que tuvieron vínculos con actores armados y que hoy siguen en el poder, hace que en esos territorios las condiciones de seguridad para poder hablar sobre ciertos temas peligren. “Hay cosas que tendrán que callar para poder seguir viviendo en esos municipios. Porque las memorias normalizadas son las que están ligadas a los gobiernos de los territorios”, afirmó Guglielmucci.

 

Esto coincide con la denuncia que el líder estudiantil Jorge Enrique hace. Asegura que la falta voluntad política en la provincia para reconocer, para hacer la reconstrucción de los hechos y para reparar a la víctimas locales  hace que nadie hable del conflicto. Además afirma que existe un miedo latente en la población por narrar lo que pasó porque algunos gobernantes pertenecen a familias que tuvieron nexos con grupos al margen de la ley. Ejemplo de ello es el actual gobernador Mauricio Aguilar que es hijo de el exgobernador Hugo Aguilar, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia e inhabilitado 20 años por la procuraduría por nexos con paramilitares durante su candidatura a la gobernación.

 

Una violencia que sí existió

 

En la provincia confluyeron los tres principales actores armados ilegales del país. El Ejército de Liberación Nacional estaba presente con el Frente Guillermo Vásquez, las FARC-EP con el Frente 23 y se dice que los paramilitares contaron con una extensión, de la que poco se tiene registro, que se llamó el Frente Lanceros de Vélez. Sin embargo, se tiene conocimiento de pocos enfrentamientos entre ellos.

 

Para Heidy Gemade, la zona representaba gran interés como parte un recorrido para llegar a la parte alta del país, en donde por su difícil comunicación y por su extensión rural era un área clave para esconderse de las fuerza pública, pedir alimentos y conseguir provisiones. “En ese momento por la falta de vías uno se podía demorar cinco horas de un pueblo a otro. Eso hacía que, en caso de algún ataque se sabía que la fuerza pública se demoraba en llegar” afirmó Gemade.

 

Barbosa y Puente Nacional se consolidaron además como municipios puerto por su cercanía con la vía que comunica a Bogotá con Bucaramanga y porque es obligatorio pasar por alguno de los dos pueblos para ir al resto. “En Barbosa no se centró la confrontación como tal pero era donde llegaba la mayoría de la situaciones y de los problemas, incluso desde aquí salía la mano de obra, bien fuera en el tema mecánico, en el agro y en el tecnológico. En cualquier situación que se presentara en los territorios de los actores armados y que requiriera  mano de obra, se venía a reclutar aquí” afirmó Jorge Enrique.

 

En 1992, la estación de policía de Puente Nacional fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) según lo recuerda Heidy Milena. Cuenta que a eso de las cuatro de la mañana su mamá llegó a levantarla y a decirle que se pasara al cuarto de ella mientras se escuchaban tiros, granadas y gritos de los combatientes del grupo armado. “El ruido paró como a las dos horas y media. Nos enteramos de que habían atacado el banco agrario, la estación de policía y que habían secuestrado a dos policías, los soltaron ese mismo día. Después fue el terror porque algunas noches se rumoraba que iba haber otra toma guerrillera”, aseguró Heidy Milena.

 

Y aunque es el único combate que se le viene a la memoria, en la provincia se perpetraron cuatro masacres entre 1985 y 2002. El 25 de junio de 1985 cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Mercadillo del municipio de Guavata. 15 años después, el 24 de julio de 1999, 15 hombres que portaban armas de largo alcance llegaron en horas de la madrugada a la vereda El Centro de Güepsa y con lista en mano asesinaron a cuatro campesinos.

 

La masacre del bar Gato Negro es quizás la más conocida por haber ocurrido en la cabecera municipal de Barbosa. El 8 de agosto del 2001, un grupo de paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron al bar y arremetieron contra los clientes del lugar. Una persona murió y otras dos fueron trasladadas al hospital de Socorro. Pero, fueron alcanzados por los paras unos metros más adelante y fueron asesinados en la ambulancia junto a la esposa de uno de ellos.

 

Sandra Patricia León Machado era la enfermera de la ambulancia que trasladaba a los heridos de la masacre del Bar Gato Negro y que vió morir a los ocupantes cuando eran llevados a Socorro. Denuncia que a pesar de quedar con estrés postraumático y no volver a trabajar como enfermera en el ámbito clínico,  no ha sido reparada por el Estado. “Algunas veces nos hicieron unas actividades pero no era lo que nosotros esperábamos como víctimas. Los beneficios que da el gobierno tampoco nos han llegado y no le hicieron reparación al hospital por todo lo que se perdió”, afirmó León. Además asegura que para que le cumplieran sus derechos interpuso una tutela y un desacato pero que de ahí no salió nada.

 

La última de las masacres, ocurrió en la vereda Sabanalarga de Vélez, el 29 de noviembre del 2002, en esta ejecutaron a 4 personas de una misma familia. Sin embargo, estas masacres no fueron aisladas. Entre 1999 y 2002, años de tres de las cuatro masacres, se perpetraron 98 hechos violentos según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre los que prevalecieron los secuestros y los asesinatos selectivos. Además, el foco de la violencia fueron los municipios de Landázuri, Cimitarra y Vélez seguidos por Puente Nacional, Bolívar y Guavatá. (Ver mapa)

 

Aunque existieron esta cantidad de hechos violentos, sigue siendo un secreto a voces toda la violencia que sufrió la provincia de Vélez. Nadie cuenta, nadie observa y sobre todo pocos reconocen la magnitud de los actores armados en el territorio. Aún cuando algunos  pobladores insisten en que estos, en menor escala, siguen teniendo presencia.

Ese silencio prolongado evita que se generen ejercicios para recoger las historias veleñas y sobre todo para que el Estado repare los daños colectivos e individuales de cada una de las víctimas. Pero, ¿no debería ser él mismo el que genere estos espacios de memoria? Seguirán hasta que eso pase, los más viejos remontándose al bipartidismo y los adultos que la vivieron afirmando temerosamente que era normal.

“Creo que acá no hubo conflicto armado reciente, hacían cosas como asesinatos y uno los veía en las fincas pero por acá no pasó nada”