La Nigrinis, la deuda del Estado con las víctimas del Bloque Norte

La comunidad del Chimborazo tuvo una respuesta a medias en la restitución. El juez falló a favor de pocas familias y las órdenes judiciales no se cumplen desde hace cuatro años. 

Por: Pilar Puentes Espinosa

Campesinos de la zona bananera llevan 22 años desplazados de su tierra, fueron violentados, tanto hombres y mujeres fueron abusados, todos tenían miedo de hablar, pero llegó la restitución y creyeron que un nuevo comienzo estaba por llegar. Sin embargo, tras cuatro años de que el juez de tierras fallara a su favor nada ha pasado. 15 familias campesinas no han logrado retornar a la finca La Nigrinis, en el municipio de  Puebloviejo, Magdalena. Es indispensable que La Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregue las adjudicaciones correspondientes. La entidad se ha negado sistemáticamente y las demás órdenes del juez no han podido llevarse a cabo sin la titularidad de la tierra. 

El 31 de octubre de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras expidió la sentencia  con la órdenes y las familias solo han recibido negativas por parte del Estado. Un año después, el 30 de julio de 2019, se les entregó materialmente el predio.

“No se ha avanzado en absolutamente nada”, afirmó Daniela Paredes, abogada de la Comisión Colombia de Juristas y representante de las familias reclamantes. Para que se adelanten las demás órdenes judiciales es indispensable que la comunidad tenga los títulos de propiedad. La Nigrinis al ser un predio baldío debe ser titulada por la ANT a favor de los beneficiarios de la restitución. Sin ellos, nunca tendrán acceso al proyecto productivo ni a la vivienda que también ordena la sentencia de restitución, lo que conlleva a  que no regresen a la tierra que se les devolvió, luego de que los paramilitares del Bloque Norte en el año 2000 les dieron 24 horas para abandonar los predios. 

La ANT viene justificando desde 2019 por qué no ha expedido las resoluciones de adjudicación. La entidad informó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que no era la entidad competente para llevar a cabo la división material del predio, y que esta debía ser llevada a cabo por la URT. Después, la ANT argumentó que el predio estaba en una zona inadjudicable y por ello no podía ser entregado a los beneficiarios. Para la CCJ, la ANT está abriendo discusiones que ya fueron analizadas por la URT en la etapa administrativa, y discutidas en el respectivo trámite judicial en el proceso de restitución de tierras, con el único objetivo de dilatar sus obligaciones frente a la adjudicación de baldíos, afectando directamente el derecho a la reparación integral de las víctimas.  

No solo son las demoras en las adjudicaciones sino la situación de riesgo en la que actualmente se encuentra La Nigrinis, ante la llegada de invasores o ‘tierreros'. La CCJ de manera reiterada ha venido informando al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena los incumplimientos a las órdenes de la sentencia, que han derivado en que terceras personas que no tienen la calidad de víctimas y no se hicieron parte del proceso de restitución, ingresaran al predio La Nigrinis.

 En esta solicitud se señaló lo siguiente “debido al estado de abandono en el que se encuentran actualmente los predios, personas aún sin identificar, iniciaron labores de limpieza de los predios (sic) con la intención de invadir los mismos, sin tener en cuenta que se trata de predios de propiedad privada, restituidos en el marco de un proceso de restitución de tierras” . 

Pese a que la CCJ ha solicitado al Tribunal Superior de Cartagena iniciar el incidente de responsabilidad frente a la ANT por el incumplimiento de la orden relacionada con la titulación de las parcelas, el despacho no ha accedido a tal solicitud. Fue hasta que el 17 de marzo del 2022, que el Tribunal emitió un auto, en el que ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras instalar vallas en el predio La Nigrinis, en las que se anuncie que se trata de un predio restituido en el marco de un proceso de restitución de tierras, y así mismo ordenó al inspector de Policía de Puebloviejo iniciar acciones con el objetivo de evitar la ocupación del predio de otras personas ajenas a la restitución.

Las 15 familias siguen a la espera de tener los títulos de las parcelas que recuperaron mientras cada día que pasa sienten que están más lejos de volver a La Nigrinis. Muchos ya son adultos que superan los 60 y 70 años y no tienen la energía de volver a arar la tierra, montarse en una moto dos horas desde el casco urbano para llegar a construir. 

Mucho menos quieren volver si más de la mitad de la comunidad, que incluye reclamantes de otras tres fincas, no logrará regresar al Chimborazo, como se llama el predio más grande en el que se encuentra La Nigrinis. “Ellos creían que la restitución iba a ser un proceso expedito y que iban a regresar todos y no fue así. Muchos no quieren volver por las mismas dificultades”, afirmó la abogada de la CCJ. 

Un triunfo incompleto

Es difícil hablar de la historia de La Nigrinis sin contar la historia del Chimborazo, de Cantagallar y de Ceibones. La comunidad de los cuatro predios, todos ubicados en el corregimiento de Tierra Nueva, en el año 2000 tuvo que dejar el trabajo de años, las cosechas y sus viviendas, después de ser víctimas de confinamiento y trabajos forzados, violencia sexual, amenazas y otros hechos victimizantes que finalmente ocasionaron el desplazamiento forzado de aproximadamente ciento cinco familias campesinas. Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 las familias del caso El Chimborazo  creyeron en la posibilidad de que se les restituyeran las tierras que se vieron obligadas a abandonar por causa y con ocasión del conflicto armado, es así, como en el 2016 mediante solicitud de restitución de tierras acudieron ante un juez para que ordenará la restitución jurídica y material de sus parcelas. Sin embargo les negaron la solicitud de restitución de tierras, excepto a las 15 familias que pidieron La Nigrinis. 

Como lo relató la abogada, Daniela Paredes, que representa a las 103 familias de Puebloviejo, la entrega de La Nigrinis fue un triunfo parcial. Todos los habitantes de las cuatro fincas hacen parte, de lo que la justicia ha llamado, el caso El Chimborazo, sin embargo solo 15 fueron reconocidos en el proceso. La sentencia dictaminó que no fueron restituidos los otros tres predios que reclamaban los demás solicitantes. 

La sentencia que devolvió el predio La Nigrinis solo se diferencia de los otros tres en una cosa: era un baldío de la nación. Los demás eran propiedad privada, por lo que el tribunal pudo constatar que tenían títulos debidamente inscritos. Para la CCJ, “la Nigrinis fue restituida porque era baldío,  y los demás predios solicitados no tenían la calidad jurídica de baldíos. El despacho no encontró probados los elementos de la posesión”, afirmó la representante de la comunidad ante el Tribunal

A la Agencia Nacional de Tierras se le pidió priorizar a las familias que se les negó la restitución en los programas de acceso a tierras. La Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, ha adelantado las solicitudes, pero casi cuatro años después la ANT no ha avanzado, dejando a las familias a la deriva por parte del Estado. 

Según la abogada Paredes, “fue muy duro pararse delante de la comunidad y decir: a 15 les restituyeron a los otros no. El Tribunal nunca dimensionó las consecuencias de esa decisión: quebrar un tejido social  y comunitario”. 

 

Los obstáculos no paran

La restitución, como bien se explica en la Ley 1448 de 2011,  es integral con miras a mejorar las condiciones de vida y subsanar el estado de vulnerabilidad. El retorno a La Nigrinis es una deuda no saldada con las víctimas del Bloque Norte que no se terminó con la sentencia y tampoco acabará con la adjudicación de los predios que conforman La Nigrinis. 

Las condiciones en que está la carretera, la situación de seguridad en la región y especialmente para los líderes y líderes sociales no permiten un retorno que les garantice mejorar sus condiciones de vida. 

“No sé cómo se va a materializar la orden de vivienda.  El predio queda a dos horas del casco urbano, los camiones se hunden en la carretera, se voltean, la vía está en unas condiciones terribles. No sé cómo van a llevar los materiales de construcción”, afirmó la abogada Paredes. 

La lideresa Beatriz narró las condiciones de pobreza que viven los reclamantes que no les permite viajar hasta el predio o hacer esfuerzos para hacerlo en medio de caminos maltrechos. “Nosotros no tenemos nada. La restitución no llega, las indemnizaciones tampoco, ya somos mayores y en las fincas ya no nos contratan para jornalear”, afirmó.  La comunidad espera que las entidades les respondan y mejoren no solo el predio sino la vía y así poder transitar dignamente

Para la CCJ saben que cumplir la orden de vivienda puede convertirse en otro litigio dada la poca voluntad y los múltiples obstáculos para cumplir la orden del juez. Algunos de los reclamantes ya no quieren regresar al predio por las condiciones de la vía. “¿Cómo van a ir al mercado o al centro de salud  cuando los carros se quedan atrapados en la carretera. No hay medios de transporte?”, afirmó la abogada. 

Todos los reclamantes tienen una vocación agraria innegable. Ninguno pidió la restitución por equivalencia, es decir el dinero o un predio con características parecidas a La Nigrinis,  querían regresar a la tierra que lucharon y trabajaron pero no esperaban una respuesta del Estado negativa por un lado, y por el otro que las órdenes no se cumplieran. Sin embargo, Beatriz y los campesinos siguen luchando por mantener unida a la comunidad del Chimborazo. 

“Cuando fui despojada tenía 37 años, ahora tengo 56 años. Ya no tengo la misma fuerza. Hace cuántos años fuimos y pedimos la tierra y para qué. Los restituidos ni siquiera han podido volver y no hay cómo volver”, enfatizó la lideresa. No solo son las carreteras las que se suman a los problemas no resueltos por el Estado. En La Nigrinis tampoco hay agua. Los reclamantes han buscado cómo hacer un pozo, pero como ellos lo explican vale más de 11 millones de pesos y no tiene con qué comprar una libra de carne que vale 13 mil. 

La resistencia 

Para las víctimas de El  Chimborazo la guerra bajó en intensidad pero no se ha ido. Tanto Beatriz como otros líderes de tierras han tenido que gestionar sus propios protocolos de seguridad ante la falta de respuesta del Estado.

“Si hay que presentarse en algún lado o llevar algún documento, mis compañeros me ayudan con mil o dos mil pesos. No se les puede pedir más”, afirmó Beatriz. Mientras esperan que la ANT los priorice en los programas de acceso a tierras están gestionando un proyecto con la Universidad del Magdalena.

Mientras esperan la respuesta del Estado,  la comunidad desarrolla un proyecto junto con la Universidad y la Cámara de Comercio, para hacer abono orgánico. Para ello necesitan hacer un pozo porque les va a regalar una turbina sumergible y una plata solar.  En palabras de la lideresa, “las familias de Nigrinis y algunos otros están animados con la posibilidad de este nuevo proyecto”. 

La Universidad los ha capacitado con ingenieros para conocer los lombricultivos y mejorar las prácticas agrícolas. “Es un apoyo fundamental en cuestiones agrarias. La ingeniera que tenemos se ha caído de la moto porque están muy malos esos caminos, se para y seguimos trabajando. Es la única forma de mantener a la comunidad unida”, señala la lideresa. 

Tanto Beatriz como la comunidad tienen muchos proyectos para trabajar la tierra de la mejor manera. Habla rápido y emocionada de una iniciativa para certificar las semillas, de abono, de lombricultivos, de tener un distrito de riego para los cultivos de pancoger.  “Nos estamos alistando para cuando podamos volver, ya sea a Nigrinis o cuando salgan nuevas adjudicaciones”. 

El Chimborazo sigue siendo una tarea pendiente de la nueva administración del Estado. La CCJ espera que pronto se resuelvan y se cumplan las órdenes de la sentencia. Beatriz sigue luchando para no dejar quebrar a la comunidad y continuar ayudando en el proceso mientras siguen latentes las violencias a los líderes y lideresas en el país.  Solo esperan que a principios del próximo año salgan los 15 actos administrativos para comenzar a construir viviendas y consolidar tantos proyectos. 

 

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 18:10