Mineros S.A., el gigante invisible del conflicto socioambiental en Bajo Cauca

Mineros S.A. es la empresa que tiene el control de la explotación del oro en el Bajo Cauca antioqueño. Durante el paro minero de este año en la región, la compañía pasó desapercibida por la agenda mediática del país que se centró en el Clan del Golfo y el Gobierno, pero para comprender  las tensiones sociales y ambientales de esta zona es necesario hablar de su actor económico más importante.

Por: Juan Carlos Granados Tuta

El Bajo Cauca es una región de Antioquia compuesta por los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Esta zona cuenta con 260.681 habitantes según el DANE a corte de 2020, y los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) revelan que en esta zona hay 226.703 personas afectadas por el conflicto armado. Esto significa que casi el 87% de esta población ha sido víctima de la guerra. 

Todos los caminos conducen a Mineros S.A. 

​​A inicios de 2021, la Comisión de la Verdad realizó una serie de diálogos en el Bajo Cauca debido a la crisis humanitaria que se presentó en la región en ese momento. Los distintos sectores sociales expresaron los problemas que históricamente se han presentado en la región y señalaron que el Estado debía actuar con extrema urgencia sobre el territorio. “No hay acceso a tierras y el modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en la minería, se mantiene intacto”, dijo un líder social de la zona. 

Uno de los actores que frecuentemente fue mencionado en estos diálogos fue la empresa Mineros S.A., prácticamente dueña del monopolio de la minería legal a gran escala en la zona, con la que los habitantes han tenido tensiones por el acceso a la tierra y la contaminación de las fuentes hídricas.  El paro minero del presente año es una muestra de los reclamos de las comunidades contra Mineros S.A. y del papel trascendental que tiene esta empresa en la región.

En los medios se repitió que los mineros estaban protestando por el retorno de la destrucción de dragas ilegales por parte del Gobierno. Sin embargo, el 20 de febrero de este año, cuando la Mesa Minera del Río Nechí anunció que entraría en paro, expresaron que lo harían, en parte, porque Mineros S.A. no respondió una solicitud en la que le pedían a la compañía la devolución al Estado de tierras que ya había explotado para que ellos pudieran trabajar. 

El artículo 156 de la Ley 685 de 2001 establece que los mineros ancestrales o barequeros, aquellos que se dedican a la extracción de oro sin maquinaria pesada, deben solicitar autorización al propietario del título minero para trabajar en sus terrenos. Este apartado también menciona que si hay conflictos entre el propietario del permiso de explotación y las comunidades, es el alcalde de la zona el que debe interceder entre ambos actores para solucionar el problema.

Carlos Zapata, director del Instituto de Capacitación Popular (IPC), una organización  que ha investigado el conflicto social en la zona, dice que esta ley afectó a los barequeros debido a que dificulta el acceso al trabajo a una parte de la población que ha convertido la minería en su sustento diario. La norma considera explotación ilícita a toda exploración realizada sin título minero, así como la comercialización del oro extraído. 

El 23 de abril de este año, Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros S.A., le dijo a El Colombiano que la empresa ha devuelto más de 45.000 hectáreas con fines de conservación y formalización. Rutas del Conflicto envió el 30 de marzo un cuestionario a esta compañía preguntando por la cantidad de terrenos que tiene en desuso, sobre las investigaciones ambientales que le han abierto a Mineros S.A. y sobre la estigmatización de las comunidades que reclaman acceso a tierra. La compañía no respondió los cuestionamientos. 

El paro minero de este año no es el primero que se realiza en la región. Desde el 2012, las comunidades se han manifestado en reiteradas ocasiones por las complicaciones y estigmatización que tienen a la hora de hacer minería. Las tensiones se incrementaron hasta llegar a la última crisis humanitaria del Bajo Cauca. 

La tierra que posee el gigante de oro

Mineros S.A. se constituyó en 1974 y cuenta con un Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) de más de 35.000 hectáreas en Bajo Cauca desde 1992, según el catastro minero. La jurisdicción de su dominio parte de la cuenca del río Nechí y abarca a los municipios de El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí. El tamaño de estas propiedades es casi el de la superficie de Medellín, incluyendo sus áreas rural y urbana. La capital antioqueña tiene 37.640 hectáreas de extensión

La filial que lleva a cabo la explotación de metales preciosos en este RPP es Mineros Aluvial S.A.S BIC. Esta subsidiaria tiene vigentes cincos contratos de concesión con más de 4.300 hectáreas disponibles para explotación minera. Según la información del catastro, Mineros S.A. cuenta en total con casi 40.000 hectáreas para llevar a cabo sus actividades extractivistas, que es más que la extensión de Medellín.

A pesar de que Mineros S.A. posee una vasta propiedad de explotación minera, ha solicitado aún más terreno en el Bajo Cauca. En el catastro aparece una petición de esta empresa hecha en 2018 para poder trabajar en casi 40 hectáreas en Nechí y El Bagre. La solicitud está archivada.

En el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia publicado en 2019, se explica que entre Mineros S.A., Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., Continental Gold Ltd, Negocios Mineros S.A. y Proyecto Coco Hondo S.A.S., controlan más de la mitad de la tierra en la que el Estado permite la exploración de metales preciosos en Colombia.

Entre los accionistas más conocidos de Mineros S.A. están Banderato Colombia S.A.S, Corficolombiana, que pertenece al Grupo AVAL de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mercantil Colpatria S.A. y los fondos privados de pensiones Colfondos y Porvenir. 

El presidente de la junta directiva de Mineros S.A. es Eduardo Pacheco Cortés, encargado del Grupo Mercantil Colpatria S.A. hasta 2021 y actual líder de la directiva de Scotiabank Colpatria S.A. La familia Pacheco Cortés es la segunda más rica del país. Su patrimonio en 2019 fue de 1.614 millones de dólares, según la Revista Forbes

Eduardo Pacheco es uno de los colombianos que apareció en los Pandora Papers. Esta investigación periodística publicada en 2021 reveló que empresarios de todo el mundo usaron distintas maniobras para sacar capitales de sus respectivos países para evitar pagar impuestos. 

La Ley 141 de 1994 establece que las empresas deben pagar el 4% de regalías por la explotación de oro. Sin embargo, esta norma no aplica para Mineros S.A. En el documento ¡Paz ambiental!, la sostenibilidad del planeta exige una nueva revolución del antropocentrismo al ecocentrismo del IPC, se expone que esta empresa es dueña del derecho de explotación tanto del suelo como del subsuelo de los terrenos que hacen parte de su reconocimiento de propiedad privada. El IPC explica en este informe que el pago de regalías de esta empresa está circunscrito al 0,4% y no al 4% por ser propietario privado del subsuelo que utiliza, según el artículo 227 del Código de Minas

Además de sus títulos mineros y de la petición hecha en 2018, Mineros S.A. recibió en 2022 cuatro servidumbres legales derivadas de actividad pública por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la utilización de predios baldíos de la nación. 

Los baldíos son terrenos que hacen parte de los bienes del país, y las servidumbres le permiten a un actor privado como Mineros S.A. usar la tierra del Estado para actividades que deben tener un beneficio social. En 2021, la empresa realizó siete solicitudes de servidumbres, de las cuales cuatro son para la utilización de predios en El Bagre y las otras tres para realizar lo mismo en Zaragoza. 

Las siete peticiones de Mineros S.A. iniciaron el trámite de regulación y fueron firmadas por Campo Elías Vega Rocha, exsubdirector de tierras de la ANT. Vega es investigado por la Procuraduría junto a otros cinco funcionarios públicos por el arrendamiento de predios a particulares a precios muy bajos sin avalúos catastrales en el Archipiélago Islas del Rosario, ubicado en Bolívar. 

Cuando la contaminación del río Nechí ahogó a los peces

En mayo de 2018, las comunidades denunciaron que el río Nechí fue contaminado por Mineros S.A. La situación ambiental de esta fuente hídrica fue tan grave que cambió el color del agua y se presentó una alta mortandad de peces y otras especies. 

En esta imagen interactiva se puede ver el cambio que ha tenido el río Nechí con el paso de los años. 

“Los más afectados por los daños ambientales son las personas que no se dedican a la minería. Los agricultores, pero sobre todo los pescadores se han visto perjudicados por toda la contaminación que han sufrido las fuentes hídricas”, cuenta Zapata. 

La afectación ambiental se presentó por la ruptura de un jarillón, una estructura que contiene el agua y permite separar la suciedad del agua afectada por el proceso de exploración minera, propiedad de Mineros S.A. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la Resolución 00857 de junio de 2018 señaló que el jarillón había sido construido sin autorización ambiental. Además, la ANLA le dijo al IPC que abrió una investigación contra Mineros S.A. por no haber informado a tiempo de la situación del río Nechí. 

La contaminación se produjo el 13 de mayo de 2018 y la empresa se manifestó seis días después. La respuesta de Mineros S.A. fue que el jarillón se rompió debido a la alta temporada de lluvias y al proyecto Hidroituango que incrementó seis veces el caudal del río Cauca.

La compañía dijo que esto produjo que se rompiera el jarillón y que el río Cauca estaba cargado de lodo y sedimentos, por lo que al mezclarse con el río Nechí ocasionó el cambio de color y olor en el agua. El IPC denunció en 2021 que en el humedal de San Pumoso, en Nechí, se volvió a romper un jarillón de Mineros S.A. y que esto ocasionó nuevas afectaciones ambientales. 

Las advertencias de las autoridades a Mineros S.A. no son nuevas. En un informe de la Contraloría del 2013, esta entidad señaló que la empresa minera en ese momento utilizaba mercurio para sus exploraciones a pesar de que era un tóxico muy peligroso que podría generar graves consecuencias. Mineros S.A. anunció ese año que dejaría de usar mercurio en sus procesos de explotación minera. Las empresas en Colombia no pueden usar mercurio para actividades extractivistas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley 1658 de 2013. 

El director del IPC afirma que es necesario que se evalúe el Reconocimiento de Propiedad Privada de Mineros S.A., porque a pesar de que el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca como sujeto de derechos, se presentan afectaciones ambientales por la extracción de metales preciosos. 

Convenios entre Mineros S.A. y las Fuerzas Militares

Rutas del Conflicto ha documentado tres casos en los que Mineros S.A. le ha pagado al Ejército por servicios de protección. El primer convenio se pactó por 1.135.400.000 millones de pesos entre 2013 y 2014 para que el Ejército protegiera las instalaciones de los municipios de Nechí, Zaragoza y Anorí. El trabajo de seguridad lo llevaron a cabo la Décima Primera Brigada y Décima Cuarta Brigada del Ejército.

En el segundo convenio , la empresa pagó a las Fuerzas Militares 1.163.241.000 millones de pesos por protección en sus instalaciones de Zaragoza, en la mina La Ye, entre 2017 y 2019. El tercer convenio se firmó por 868.276.000 millones de pesos entre 2018 y 2019. En total, Mineros S.A. le ha pagado más de 3 mil millones de pesos al Ejército por servicios de protección. 


 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 05/17/2023 - 16:18