Entre petróleo y trochas: la lucha social en Puerto Gaitán

Durante el paro en Puerto Gaitán, Meta, que se realizó durante la primera semana de febrero por el incumplimiento de la pavimentación de la vía Gaitán-Rubiales, los manifestantes fueron señalados de tener intereses oscuros por el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y los gremios petroleros. 

 

 

Tras una semana de bloqueos en la vía, se levantó el paro el 7 de febrero en Puerto Gaitán, Meta, después de un acuerdo entre las autoridades y las comunidades. La población reclamaba que aún no iniciaban las obras en la vía Puerto Gaitán-Rubiales, carretera que conecta al municipio con Campo Rubiales, el centro petrolero más grande de Colombia. 

Germán Sierra, líder social de Puerto Gaitán, cuenta que la comunidad lleva esperando la pavimentación de la vía más de 50 años. Sierra explica que las obras en la carretera son necesarias porque hoy el camino es una trocha que genera perjuicios en la salud y la economía. “Cuando los vehículos pasan por la vía en el verano levantan mucho polvo, por lo que eso enferma a los animales y a las personas que viven cerca a la carretera. Además, hay carros que no logran avanzar o se demoran mucho tiempo, por lo que la salida y entrada de comida se ve afectada”, comenta el líder social. 

El 17 de septiembre del año pasado, se firmó un convenio marco para pavimentar 95 kilómetros de vía el primer trimestre de este 2023. El acuerdo lo firmaron Ecopetrol, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frontera Energy Colombia Corp, Tecpetrol Colombia S.A.S., Cepsa Colombia S.A, Hocol, la Gobernación y la Alcaldía de Puerto Gaitán. Sin embargo, el gobernador Zuluaga después dijo que las obras empezarían en julio. Cuando concluyó el paro, el alcalde de Puerto Gaitán, Jorge Plazas, afirmó que la pavimentación comenzará el 1 de septiembre. 

Los señalamientos a la protesta social en Puerto Gaitán

 En la lectura de los acuerdos a los que se llegaron entre las autoridades y los manifestantes, uno de los puntos fue la garantía de que no iban a judicializar ni estigmatizar a los líderes del paro. Esta aclaración es pertinente porque en Puerto Gaitán han habido manifestantes víctimas de falsos positivos judiciales, que es cuando encarcelan a alguien y después lo dejan libre porque no había fundamento jurídico para mantener presa a la persona. 

Ese fue el caso de Héctor Sánchez, líder sindical y ambiental de la vereda Rubiales en Puerto Gaitán que se ha manifestado en contra de las condiciones laborales y salariales que ofrecen las petroleras. El 4 de diciembre de 2013, hicieron un operativo para su captura en donde participaron 13 miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), 20 policías y 50 militares. Lo trasladaron hasta la cárcel de La Picota de Bogotá y lo liberaron en febrero de 2014. 

El día anterior a que se levantara el paro, el gobernador Zuluaga dijo en un video publicado en sus redes sociales que detrás de las manifestaciones había intereses oscuros. Además, sostuvo que las disidencias de las Farc tienen presencia en Puerto Gaitán y que personas de otros lugares estaban en las manifestaciones. “A mí me parece muy raro que gente de Mapiripán y Arauca que no tiene nada que ver con la zona esté liderando el paro”, afirmó el gobernador. Tras el anuncio del fin de la protesta, Zuluaga dijo en su cuenta de Twitter que “el derecho a la protesta es respetable, pero siempre será mejor el diálogo y no perjudicar a la gente”.
Comentarios similares fueron realizados por distintos gremios de ingenieros de petróleos. Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética (UTIPEC), aseveró que gente ajena a la región estaba bloqueando la vía y que el Frente 39 de las disidencias de las Farc estaba atemorizando a la población de Puerto Gaitán. Por su parte, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, sacó un comunicado el 6 de febrero diciendo que respetaban el derecho a la protesta, pero no las vías de hecho que ponen en riesgo a la población. 

Frente a los señalamientos, Sierra dice que en el departamento se sabe que hay grupos ilegales en la zona, pero que esto no debería ser motivo de estigmatización porque en todo el país hay organizaciones guerrilleras y eso no significa que la población esté a favor de ellos. Respecto a lo dicho por el gobernador acerca de las personas de Mapiripán y Arauca, el líder social explica que la mayoría de la gente que está alrededor de los campos petroleros es de Mapiripán porque van en busca de trabajo. 

Sierra añade que es normal que haya gente de Arauca en la zona porque muchos fueron desplazados por la violencia y llegaron a Puerto Gaitán a rehacer sus vidas. “Yo soy araucano y llegué a estas tierras huyendo del conflicto. Aquí también hay gente de Yopal, de Villavicencio, de Norte de Santander, entonces el gobernador no debería estigmatizar a la gente solo por ser de otras regiones”, afirmó el líder social.


 

Actualizado el: Mar, 02/14/2023 - 17:52