A pesar de los esfuerzos de la comunidad por apostar la implementación del Acuerdo de Paz, la desarticulación de la institucionalidad ha impedido que se concreten los planes para terminar con la violencia. El Sur del Bolívar vive actualmente un recrudecimiento del conflicto armado con desplazamientos masivos y amenazas contra los líderes sociales.
*Los nombres fueron cambiados para guardar la identidad de las personas que participaron en este especial.
Desde inicios de 2019 la violencia en el Sur del Bolívar se ha recrudecido.Uno de los acontecimientos que marcó la crisis social que se vive en esta región se presentó en marzo de 2021 cuando más de 200 habitantes de las veredas Canónico del municipio de Montecristo y La Garita en Río Viejo, tuvieron que salir huyendo a causa de los constantes enfrentamientos entre el Eln y los ´Gaitanistas. Familias campesinas y migrantes buscaron refugio en el municipio de Norosí. Cada nuevo asesinato, masacre y desplazamiento les recuerda aquellos años oscuros de la incursión paramilitar de finales de los 90, algunas familias que son víctimas de este hechos, en 1998 también tuvieron que salir desplazados masivamente por enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares.
Cinco meses después, en agosto, la situación se recrudeció con otro desplazamiento masivo de 700 habitantes de algunas veredas de los municipios de Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur, quienes recibieron amenazas por parte de estos grupos armados. En Santa Rosa tuvieron que asentarse con la incertidumbre de no saber si algún día podrán retornar a sus hogares.
Cada nuevo asesinato, masacre y desplazamiento en la actualidad les recuerda aquellos años oscuros de la incursión paramilitar de finales de los 90 en el Sur de Bolívar. Algunas familias, que incluso habían sido víctimas en esa época, volvieron a ser desplazadas por enfrentamientos, esta vez entre los grupos residuales de las Farc y las Auc, así como el Eln.
De acuerdo con una funcionaria de la territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio, para la mayoría de estas familias, este es el segundo o tercer desplazamiento que enfrentan. “Esta emergencia nos hizo cambiar la agenda, los procesos de reparación colectiva tuvieron que retroceder, no hay muchos recursos y a eso hay que agregarle la pandemia, eso genera un impacto en la implementación de la política pública”, afirmó la funcionaria.
Este no es el primer caso que se presenta en el Sur del Bolívar, en los últimos años; los enfrentamientos entre grupos armados se han incrementado, especialmente, desde 2019. El 26 de diciembre de 2020, hombres armados perpetraron una masacre en Montecristo en contra de Rosa Amalia Mendoza, firmante del proceso de paz, y su familia. Producto de este hecho, habitantes de la vereda Quebrada Honda tuvieron que salir desplazados.
La agudización de la crisis humanitaria en esta región del país ha sido producto de los enfrentamientos entre los grupos armados, las amenazas, asesinatos sistemáticos a líderes sociales y excombatientes, y la presencia estatal centrada en lo militar. Las comunidades han resistido a través de la organización comunitaria, la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz y sus derechos constitucionales. Sin embargo, sus luchas y resistencias se han visto opacadas por una fuerte estigmatización, pues los señalan de ser cómplices de los grupos armados, aunque los líderes y lideresas recalcan que sus ideales van en contravía de las violencias que han ejercido estos grupos en contra de las comunidades, a las que aún no han reparado.
“Durante la pandemia quien ha ejercido el control de la zona han sido los ‘elenos‘, sobre todo en las veredas de San Pablo. En esas veredas no llegó el covid porque ellos ordenaban que quien entrara sin su autorización lo mataban, todo el mundo se aisló”, afirma Ramón Abril de la corporación . La pandemia del covid-19 incrementó los enfrentamientos por el control entre grupos ilegales. La crisis humanitaria aumentó a tal punto que para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales fue casi imposible entrar a estos territorios, sobre todo, en los corregimientos alejados de las cabeceras municipales.
La firma del Acuerdo de Paz fue una ilusión que duró poco para los habitantes del Sur de Bolívar, quienes han tenido que soportar un recrudecimiento del conflicto en los últimos años.
Según Abril, la persistencia del conflicto armado en la región se debe a la explotación minera ilegal, el narcotráfico y el incremento del cultivo de uso ilícito, en el cual sectores privados también ejercen una fuerte influencia en el contexto regional. La presencia más fuerte del Estado es a través de la fuerza pública. “Allá nunca se fueron los actores armados, entonces no era previsible que parara el conflicto donde sencillamente continuaba la existencia de otros actores. El aparato estatal está dirigido hacia la militarización y no hacia esa parte social del Estado”, asegura Abril.
Los grupos armados se han establecido en diferentes posiciones estratégicas a lo largo de la región. Las de Colombia se disputan el control con la parte alta del territorio, en la serranía de San Lucas, donde antes del proceso de paz se ubicaban las Farc.
Por su parte, el Eln ha sido el grupo con mayor presencia en el territorio. Esta guerrilla se ha establecido con el Frente Alfredo Quiñones, principalmente en las parte alta en municipios como Montecristo, Santa Rosa del Sur y Morales. Posteriormente las Farc con el Frente 37 se disputó estos mismos territorios, con el fin de controlar los corredores que conectan con la Costa Atlántica, Urabá, Bajo Cauca y Catatumbo. Actualmente se registra el fortalecimiento de grupos residuales de la exguerrilla de las Farc, pertenecientes a la estructura de alias ́ Gentil Duarte ́.
La respuesta estatal a estos enfrentamientos en la región ha sido la constante presencia militar, allí opera La Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, que tiene la obligación de combatir al Eln y las Agc, garantizar la minería legal, y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
“Desde octubre del 2020 el conflicto comenzó a ser constante, ya no era solamente una presencia esporádica en un municipio o corregimiento, sino que ha sido sistemático. Esto es una cosa que es cíclica y que se está volviendo a reactivar”, dijo un representante de la organización Fedeagromisbol.
Otro factor que influye en la persistencia del conflicto armado es el papel que el Estado colombiano ha tenido en los territorios. Según Águeda Plata, coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio, el Estado sí está en la región con una alta presencia de la fuerza pública, el problema es que no ha sido capaz de proteger la vida y bienes de los habitantes. Plata afirma que históricamente esta zona ha estado en manos de los actores armados y el centro del conflicto se ha centrado en el control político y en el manejo de recursos.
Para el representante de Fedeagromisbol en términos de reconocer los derechos y propiciar la vida digna para las comunidades, no existe una presencia real y efectiva del Estado. “ Los puestos de salud, las escuelas, las carreteras, en su mayoría han sido construidas y sostenidas por las mismas comunidades. Si en una vereda se quería tener un profesor para dictar las clases la comunidad tenía que pagarle, darle su alimentación y darle un sitio donde vivir”, cuenta el líder.
Organizaciones campesinas y civiles concuerdan en que otra razón por la cual el conflicto se ha incrementado es por el poco cumplimiento del Acuerdo de Paz en la región, lo cual impide que las comunidades tengan garantías para evitar que la violencia persista. Entre los puntos centrales está la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.“ Todo a unos proyectos que no tienen ningún tipo de impacto en la vida comunitaria, el mejoramiento de las comunidades no se ve. Todo se ha ido en anuncios, promesas, pero ejecución como tal y puesta en marcha de lo que fue la propuesta de programas no ha habido en absoluto”, aseguró un representante de Fedeagromisbol.
La gráfica a continuación muestra el proceso de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) a marzo de 2021. Los municipios que están actualmente cobijados con este programa son Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo, Morales, San Pablo y Arenal. Según datos de la Agencia de Renovación del Territorio(ART) a marzo de 2021, de 1.052 iniciativas que se formularon 252 tienen ruta de implementación activa.
Implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en los municipios del Sur de Bolívar.
Según Águeda Plata de la Comisión de la Verdad, si bien en los PDET se ha intentado mantener la relación con el territorio, estos programas son vistos como una simple oferta institucional y no como la necesidad de contribuir realmente al desarrollo social y económico en el Sur del Bolívar. “El territorio para transformarse necesita articularse, ganar la confianza, ganarse la sostenibilidad en obras, en su relacionamiento e identidad”, dice la investigadora.
Un líder del municipio de Arenal, concuerda con Águeda en que los PDET fueron diseñados para colocar las víctimas del conflicto y las mismas comunidades como protagonistas de los planes de desarrollo, quienes son las que no solo deben salir beneficiadas, también ser veedoras de los mismos proyectos.“Lastimosamente muchos alcaldes lo han tomado como gestión propia para fines políticos, ellos desconocen la filosofía real de los PDET. Eso afecta porque aquel que no haya votado por ellos está excluido de las obras, de los empleos, de los emprendimientos, se revictimiza políticamente a la región por unos recursos que se deben invertir para la construcción de paz”, dice el líder.
El cumplimiento total de los Acuerdos de Paz representa para el Sur del Bolívar la esperanza de los pueblos que han sufrido la violencia desde la década de los 50 con la guerra bipartidista.
La lucha de las comunidades por vivir en un territorio en paz ha hecho que las manifestaciones de resistencia se estigmaticen y sean vistas como apoyo a los grupos insurgentes. Por ende, las voces de líderes y lideresas que exigen al gobierno atender las necesidades y carencias de los ciudadanos no son escuchadas.
Además, varios líderes y lideresas en la región han tenido que enfrentar judicializaciones, como es el caso de Alberto*. El 23 de marzo de 2018, junto a 12 líderes más, fue detenido y de nuevo acusado de rebelión.Estuvo ocho meses en la cárcel, quedó en libertad pero el proceso judicial aún no termina. Hoy en día, ante el aumento del conflicto armado, su situación con la justicia y la pandemia prefiere no salir de su casa. “Eso afecta a la población y nuestro liderazgo por la forma como el Estado interpreta nuestro accionar en el territorio donde existen actores armados ilegales. Uno como líder tiene que jugársela más con el diálogo, la concertación y la convivencia para mantenerse ahí en el territorio donde se crió y donde tiene sus pocos bienes”, dijo Alberto*.
Según el líder, las marchas campesinas generalmente tienen dos objetivos, uno es visibilizar a la población como agentes de derecho, que el gobierno entienda que en el territorio no solo existen actores armados, también hay campesinos que cultivan y quieren el desarrollo de la región. El segundo es que el Estado reivindique esos derechos a la educación, la salud, las vías, proyectos comunitarios y a la propiedad.
Para la Comisión de la Verdad es clave que se de una conexión real entre el Estado y los territorios, lo que significa el reconocimiento de los ritmos, lógicas y tiempos de la región que son únicos y diferentes a otros territorios, es necesario que el Estado ejerza una presencia amplia en el territorio. La funcionaria territorial de la Unidad de Víctimas, cree que es necesario mayor inversión social, reglamentación minera y legalización de las propiedades para los habitantes.
“En pleno 2021 hay del Sur de Bolívar donde todavía no hay energía eléctrica de ningún tipo, no hay señal de telefonía, si usted quiere hablar con alguien de las zonas rurales tiene que mandar una razón. No hay centros de salud dotados, muchas veces los centros médicos están en casitas de madera, no hay dotación de implementos ni personal médico que nos atienda”, aseguró un líder de Fedeagromisbol.
Sumado a lo anterior, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales recalcan la importancia del cumplimiento de los Acuerdos y las garantías de una paz duradera que incluye la negociación con otros grupos al margen de la ley como el Eln. “En esta región fue donde se alcanzaron a firmar la mayor cantidad de acuerdos de sustitución voluntaria, es una región muy agraria y hay que aprovechar todo ese potencial. Evidentemente la negociación con otros grupos es central, a punta de bala no se va acabar el Eln hay que sentarse a dialogar”, aseguró Ramón Abril de la corporación Credhos.
Para agosto de 2021 la presencia de las Agc, de los grupos residuales de las Farc y de estructuras del Eln siguió en aumento, lo que conlleva a un riesgo alarmante para el bienestar de la población. De la mano con esta situación, la intervención de las Fuerzas Militares se hace más fuerte, sin que se vean buenos resultados en el control territorial. Según representantes de Fedeagromisbol, para garantizar el retorno de las familias desplazadas se debe tener en cuenta una atención humanitaria constante con acciones efectivas que beneficien a las comunidades y la presencia estatal integral con mayor inversión social.